El gobierno venezolano expropió dos panaderías en Caracas, en respuesta a lo que llama la "guerra del pan", un supuesto complot para inducir la escasez del producto y causar malestar.
Los establecimientos pasarán a manos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), grupos comunales que distribuyen alimentos a precios subsidiados en zonas populares, informó en una entrevista difundida este jueves el superintendente para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos, William Contreras.
Maduro envío esta semana a inspectores a más de 700 panaderías de la capital Caracas para verificar la aplicación de una nueva ordenanza que especifica que el 90 por ciento de la harina de trigo debe ser destinada a la elaboración de panes salados con precio regulado, y no a hogazas y pasteles costosos.
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Esta es la medida más reciente del gobierno para intentar combatir la escasez crítica y las largas filas para la compra de alimentos y medicinas, que han caracterizado las dificultades económicas de la potencia petrolera en los últimos tres años.
Maduro mantiene que los empresarios privados están saboteando la economía, acaparando productos y especulando con los precios, pero sus críticos alegan que las políticas económicas centralistas están haciendo colapsar al país.
Las panaderías han advertido que el gobierno mantiene el monopolio de la importación y el suministro de la escasa harina de trigo necesaria para sus preparaciones. También dicen que sin la venta de productos más caros que sustenten su estructura de costos, posiblemente muchas quebrarán.
Durante las inspecciones, dos personas fueron arrestadas porque el trigo en su panadería era usado "para producir sólo pan dulce, cachitos (un tipo de croissant) y otros productos; y escasamente se producía el pan canilla (baguette, con precio regulado)", dijo la Superintendente Nacional para la Defensa de los Derechos Socioeconómicos (Sundde).
Otros dos fueron detenidos por hacer brownies con trigo en mal estado. Y dos de los comercios inspeccionados fueron ocupados "temporalmente", 90 días, por violar la normativa contra los derechos al consumidor, agregó la Sundde.
El gremio que representa a los panaderos, Fevipan, ha pedido un encuentro con el presidente Maduro, argumentando que la mayoría de los establecimientos está funcionando con deficiencias de harina y porque consideran que les será muy difícil seguir operando bajo estas condiciones.
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