El jefe del gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, trató de disipar las dudas sobre la celebración de un referendo independentista unilateral el 1 de octubre tras el operativo policial que culminó el miércoles con 14 detenidos y con la incautación de las papeletas de la consulta.
"El 1 de octubre se realizará un referendo de autodeterminación y se hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero sobre todo porque tenemos el apoyo de la inmensa mayoría de la población", dijo en una declaración institucional difundida a través de las redes sociales.
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"No son días fáciles, pero nos sentimos fuertes", añadió el mandatario catalán, quien poco antes había anunciado a través de Twitter una web para localizar los puntos de votación.
Su intervención tuvo lugar al final de una jornada marcada por las protestas en la calle contra la operación llevada a cabo el miércoles por la Guardia Civil española, pero también por las palabras del "número dos" del Ejecutivo catalán, Oriol Junqueras, quien a primera hora de la mañana había sugerido que ésta dificultaba la consulta.
"Es evidente que han alterado las condiciones del juego", expresó el responsable público, quien recordó que buena parte de su equipo estaba "detenido" y abogó por trabajar para que el referendo se celebre "en las mejores condiciones posibles" pesar de las "enormes dificultades" puestas por las autoridades españolas.
Por otro lado, el gobierno español de Mariano Rajoy, contrario al proceso independentista catalán, cantaba victoria al dar por desmantelados los preparativos de la votación. "Logísticamente, este referendo ya no se va a celebrar", aseguró en una entrevista el ministro portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.
Los agentes de la Guardia Civil detuvieron el miércoles a 14 personas, entre ellos varios responsables del gobierno catalán, y requisaron cerca de diez millones de papeletas del referendo, lo que suscitó el enfado de los independentistas y grandes protestas en varios puntos de la región, especialmente en Barcelona.
Según informaron medios españoles, el juez investiga si el gobierno catalán gastó más 6.2 millones de euros en la consulta.
Hoy, por otra parte, el Tribunal Constitucional acordó imponer multas diarias de entre 6 mil y 12 mil euros a los titulares de los órganos electorales encargados del seguimiento del referendo por incumplir sus resoluciones. El alto tribunal suspendió el 8 de septiembre su convocatoria al admitir un recurso de Madrid.
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En pleno choque de trenes, varios miembros del gobierno de Rajoy pidieron públicamente a las autoridades catalanas que renuncien a la votación y que no pongan "en el precipicio a los catalanes", en palabras del ministro de Interior, Juan Ignacio Zoido.
El responsable de Economía, Luis de Guindos, señaló por otra parte en una entrevista en "Financial Times" que la recuperación económica de España otorga más margen para negociar nuevas condiciones económicas con Cataluña. "Una vez se descarten los planes de independencia, podemos hablar", dijo el responsable público al diario británico.
En Bruselas, desde la Comisión Europea declinaron comentar la actuación del gobierno español. "Respetamos el orden constitucional en España, como es el caso de las constituciones de todos nuestros estados miembro", dijo un portavoz al ser preguntado por periodistas.
Mientras tanto, los independentistas volvieron hoy a las calles en una segunda jornada de protestas que se extenderá también a mañana.
"La respuesta del gobierno (español) ha sido indigna. Han sobrepasado las líneas, pero no vamos a dar ni un paso atrás", expresó el líder de la organización independentista Asamblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sánchez, en la concentración de hoy. "La gente en las calles es nuestra única fuerza y la garantía de que el 1 de octubre votaremos".
El miércoles, en el centro de Barcelona se congregaron unas 40.000 personas -según la Guardia Urbana- con consignas como "Votarem" ("Votaremos") y "No pasarán", esta última utilizada por los republicanos que lucharon contra las tropas de Francisco Franco durante la guerra civil española (1936-1939).
Tanto la ANC como Òmnium Cultural, las dos entidades civiles impulsoras de las movilizaciones secesionistas de los últimos años, pidieron a los manifestantes parar la protesta a medianoche y retomarla hoy ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.
Sin embargo, durante la noche hubo tensión y altercados entre los Mossos d'Esquadra -la Policía de Cataluña- y un grupo de personas concentradas a las puertas de la Consejería de Economía del gobierno catalán, en cuyo interior la Guardia Civil efectuaba registros. No hubo detenidos pero sí algunos heridos, según informó la prensa.
jamj
