La Fiscalía de Sao Paulo solicitó la detención preventiva del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por supuestos delitos de lavado de dinero y falsificación de documentos.
La Fiscalía de Sao Paulo acusa a Lula y a su esposa, Marisa Letícia Lula da Silva, de ser los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la playa de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, que está a nombre de la constructora OAS -implicada también en el escándalo de Petrobras- y cuya propiedad ha sido negada por el ex presidente en reiteradas ocasiones.
Los fiscales alegan en su denuncia que presentaron ante la Justicia y que fue filtrada hoy a los medios que es "imprescindible" ordenar la detención de Lula de forma preventiva, ya que, en su opinión, el ex mandatario puede movilizar grupos para interferir en la investigación criminal.
Según los fiscales, el arresto de Lula se hace necesario debido a que "es conocido que posee poder de ex presidente de la República, lo que hace su posibilidad de evasión sea muy simple".
Los fiscales agregan en la denuncia que los seguidores del ex mandatario pueden promover "maniobras violentas" y presentarlo como "un ciudadano por encima de la ley, algo inaceptable en el Estado Democrático de Derecho".
Pese a la filtración de la denuncia en la que se solicita prisión para Lula y otras quince personas, fuentes de la Fiscalía evitaron comentar el tema y agregaron que los fiscales no se van a pronunciar sobre el mismo. La petición de la Fiscalía tendrá que ser analizada por un juez penal regional del estado de Sao Paulo, que no tiene plazo definido para pronunciarse sobre si la acepta o la niega.
Niega motivación política
Asimismo, la Fiscalía de Sao Paulo negó hoy que haya una posible motivación política en la denuncia presentada el miércoles contra Lula da Silva por los supuestos delitos de blanqueo de dinero vía ocultación de patrimonio y falsedad ideológica. "El Ministerio Público no trabaja con un calendario político. Nuestro calendario es judicial", afirmó el fiscal José Carlos Blat durante una rueda de prensa en Sao Paulo.
Los tres fiscales que firman la denuncia sospechan que Lula y su esposa, Marisa Leticia Lula da Silva, son los verdaderos dueños de un lujoso apartamento de tres plantas en la localidad de Guarujá, en el litoral de Sao Paulo, lo que el ex presidente ha negado en reiteradas ocasiones.
Los fiscales precisaron que la investigación de la Fiscalía de Sao Paulo es independiente de la llevada a cabo por la Justicia del estado de Paraná, de la que también es blanco Lula y que se centra en los asuntos de corrupción en la petrolera estatal Petrobras.
Según explicó el fiscal Cassio Roberto Conserino, la denuncia contra Lula se enmarca en una investigación iniciada hace "cinco o seis años" para esclarecer delitos cometidos por la cooperativa inmobiliaria Bancoop, cuando esta traspasó sus obras a la constructora OAS, salpicada por el caso de corrupción en Petrobras.
Durante la trasferencia, se empeoraron las condiciones de compra de algunos de los clientes, lo que, de acuerdo con la Fiscalía, "acabó con el sueño" de muchos ciudadanos de obtener una casa propia.
"Mientras miles de familias quedaron sin sus apartamentos y se vieron despojadas de realizar el sueño de tener una casa propia, uno de los investigados (Lula) fue contemplado con un triplex", recalcó Conserino.
La Fiscalía de Sao Paulo cree que Lula es el real propietario del apartamento en la playa en Guarujá, el cual está registrado en nombre de la constructora OAS, que llegó a realizar reformas en el interior del inmueble, supuestamente al gusto del ex presidente y dirigidas en parte por su esposa.
Por ello y otros indicios, la Fiscalía considera que Lula es el verdadero propietario, lo cual supondría que incurrió en un delito de lavado de dinero vía la ocultación de su patrimonio, que contempla penas de entre 3 y 10 años de prisión, y en otro de falsedad ideológica.
Las denuncias serán analizadas ahora por una jueza de Sao Paulo, quien decidirá si Lula, que gobernó Brasil entre 2003 y 2010, se convierte o no en reo de la justicia. Además de Lula y su mujer, fueron denunciadas otras quince personas, entre ellas el hijo mayor de ambos, Fabio Luiz Lula da Silva, y el ex tesorero del gobernante Partido de los Trabajadores Joao Vaccari Neto.
El apartamento de Guarujá también es parte de la investigación iniciada por la Fiscalía de Paraná en torno a las corruptelas en Petrobras. En ese caso, se cree que el inmueble y una casa de campo en el interior de Sao Paulo, de la cual también se sospecha que Lula es propietario, también podrían estar relacionadas con la corrupción en Petrobras y habrían sido usadas por empresas constructoras para disfrazar el pago de coimas por contratos con la petrolera.
Por este segundo caso, Lula fue conducido de forma coercitiva a declarar en una comisaría de Sao Paulo el pasado viernes, lo que generó enfrentamientos entre simpatizantes y detractores del ex jefe de Estado y aumentó la fragmentación política en el país.
El Ministerio Público señaló que cuenta con indicios "bastante significativos" de que el expresidente recibió beneficios y favores de las empresas implicadas en los desvíos de recursos de Petrobras, pero Lula lo niega e insiste en que se trata de una "persecución política".
