La guerrilla comunista de las FARC anunció hoy que ha logrado "importantes avances" en el tramo final de sus negociaciones de paz con el gobierno colombiano en La Habana, los cuales le permiten afirmar que "la paz se acerca" a Colombia.
"En la mesa de conversaciones hemos alcanzado importantes avances en diversos aspectos de los puntos Fin del Conflicto, particularmente en lo relativo a dejación de armas y al combate de las organizaciones criminales", señaló la guerrilla en un comunicado publicado en el sitio web de su delegación de paz en la isla.
"Con el gobierno nacional hemos compartido visiones, acercado puntos de vista y delimitando nuestros principales puntos de disenso frente a estos trascendentales temas", añadió el grupo insurgente, subrayando que "prontamente podremos anunciarle al país acuerdos respecto a estos importantes temas".
Asimismo, "todos estos elementos nos llevan a ratificar que que hay motivos para el optimismo y que la paz se acerca", indicó, aunque reconoció "la complejidad de los temas que aún nos restan por acordar" en las negociaciones de paz en Cuba, que comenzaron en 2012.
Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, que iniciaron hoy un receso en sus conversaciones de paz, están negociando a marcha forzada los últimos temas de una agenda de seis puntos que acordaron, con el fin de cumplir la promesa de firmar la paz antes del 23 de marzo.
Las partes están discutiendo el fin del conflicto, que incluye el desarme de la guerrilla bajo verificación de un grupo político de Naciones Unidas, y la refrendación del pacto final de paz, tema sobre el que no han logrado ponerse de acuerdo.
Hasta ahora las partes han alcanzado acuerdos en torno al problema agrario (origen del conflicto), el narcotráfico, reparación de víctimas y las garantías para que las FARC ejerzan la política una vez se desarmen. El conflicto colombiano, que comenzó como una sublevación campesina, deja unos 220 mil muertos y seis millones de desplazados.
Sesiones "extras" del Congreso
Mientras, en Bogotá, el Congreso colombiano abrió hoy un periodo extraordinario de sesiones para modificar la Ley de Orden Público, lo que en la práctica facilitará la concentración de miembros de las FARC como paso previo a la dejación de armas cuando se firme un acuerdo de paz.
Los miembros de la Cámara de Representantes y el Senado disponen a partir de ahora de un plazo máximo de un mes para matizar y dar el visto bueno al proyecto del Gobierno para cambiar esta norma, que fue radicado hoy por el ministro de Interior, Juan Fernando Cristo.
Es una iniciativa de gran importancia ya que un cambio en la Ley de Orden Público permitirá disponer de los "mecanismos para implementar del último punto de los acuerdos entre el Gobierno y la guerrilla" de las FARC, que incluye entre otros aspectos la dejación de armas por parte de los subversivos, apuntó el Ministerio de Interior en un comunicado.
Esta dejación se realizará, previsiblemente, en zonas de concentración que ambas partes aún deben definir, pero para poder delimitar esas áreas y reforzar la seguridad en las mismas el Gobierno necesita unas competencias especiales que obtendrá con un cambio en la Ley de Orden Público.
El Ministerio de Interior explica que esta iniciativa "le dará al Estado las herramientas jurídicas para permitir los procesos de dejación de armas, tránsito a la legalidad y reincorporación a la vida civil de los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley", en alusión a las FARC, que cuenta con unos seis mil combatientes.
Con los cambios a la norma propuestos por el Gobierno, el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, podrá también "dar órdenes especiales de localización a la fuerza pública para garantizar la seguridad del proceso de desarme" o "solicitar la suspensión de órdenes de captura para los miembros rasos de las FARC que dejen las armas".
Y es que, como explicó hoy Cristo, con la ley vigente "se ha podido que la Fiscalía General de la Nación levante las órdenes de captura a los voceros negociadores de las FARC en La Habana", algo que la reforma simplificará.
Además, agrega el Ministerio, el Gobierno tendrá potestad para "establecer mecanismos de monitoreo y verificación nacional o internacional, incluida la administración, registro, control, destrucción o disposición final del armamento que entregue el grupo armado al margen de la ley".
Aunque los legisladores tienen hasta el 15 de marzo para debatir la propuesta, para nadie es un secreto que la urgencia va de la mano de este proyecto de ley, ya que el Gobierno aspira a que, tal y como acordaron sus negociadores y los de las FARC, la paz se firme a más tardar el próximo 23 de marzo.
Con esta idea en mente, los cambios de la Ley de Orden Público deberían estar definidos cuanto antes, si bien el documento será estudiado con lupa por varios ponentes designados por las Comisiones Primeras de la Cámara y del Senado, encargados de elaborar el texto con el que se comenzará la discusión formal.
Las sesiones extraordinarias fueron solicitadas mediante un decreto firmado por Santos, quien no ha ocultado su esperanza de que se cumpla la fecha prevista para firmar la paz.
En La Habana, sede de las negociaciones con las FARC desde hace más de tres años, ya se han obtenido preacuerdos sobre cuatro de los cinco puntos de la agenda de diálogos, referidos a propiedad de la tierra, participación política, erradicación de cultivos ilícitos y reconocimiento y reparación de más de siete millones de víctimas del conflicto.
Por delante solo queda acordar, entre otros, el desarme y desmovilización de guerrilleros y alto el fuego bilateral y definitivo entre las partes.
"Paz sin impunidad": Santos
De otra parte el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, afirmó hoy que el acuerdo que su Gobierno negocia con las FARC para terminar el conflicto armado del país garantizará "una paz sin impunidad".
Santos se refirió al modelo de justicia transicional acordado en los diálogos de paz de La Habana al participar hoy en el acto de conmemoración de los 130 años de la Universidad Externado de Colombia, una de las más prestigiosas escuelas de leyes del país.
Según el mandatario, en el acuerdo de justicia "no habrá amnistía para los crímenes de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra y el genocidio (...) y en general, las graves violaciones de los derechos humanos y las graves infracciones al Derecho Internacional Humanitario".
El jefe de Estado explicó que el acuerdo en materia de justicia, anunciado el pasado 15 de diciembre por los negociadores del Gobierno y las FARC tiene como "piedra angular" el pacto de que no habrá amnistía para esos delitos. "Todos estos delitos no serán amnistiados sino que serán juzgados y sancionados por la nueva jurisdicción", agregó.
La Jurisdicción Especial para la Paz hace parte del "sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición" que las partes acordaron como parte del punto referente a las víctimas del conflicto armado colombiano que se prolonga por más de cincuenta años.
Este sistema incluye la creación de un Tribunal Especial para la Paz que manejará todos los procesos tanto de guerrilleros como de agentes del Estado y civiles que de alguna manera hayan tomado parte en el conflicto armado.
Dicho tribunal impartirá justicia con penas que van desde la "restricción" de la libertad y que no implican cárcel, hasta condenas a entre 15 y 20 años dependiendo de la gravedad del delito y del grado de colaboración de los implicados.
"Es la primera vez en la historia de la resolución de conflictos armados con grupos insurgentes que no se otorga una amnistía general sino que los máximos responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad deberán ser investigados, juzgados y sancionados", afirmó el mandatario.
El presidente resaltó el papel que en la elaboración de este acuerdo de justicia jugó el rector de la Universidad Externado de Colombia, Juan Carlos Henao, como asesor de los negociadores del Gobierno.
Según el mandatario, Henao, quien fue presidente de la Corte Constitucional, ayudó a crear "un esquema que muchos expertos han calificado como único y que puede ser ejemplo para otras naciones".
La Universidad Externado de Colombia, a la que acudió hoy el jefe de Estado, es el alma mater de muchos de los más brillantes juristas que ha tenido el país en el último siglo.
