Anais Huerta, una documentalista española radicada en México desde hace 10 años, presentó una denuncia junto con Amnistía Internacional para que el gobierno mexicano investigue la desaparición de su tío abuelo, Félix Llorente Gutiérrez, durante la guerra civil española. Ella espera que su acción inspire a los familiares de los desaparecidos en México a seguir denunciando y que los crímenes no queden en la impunidad.
"Si se queda en la impunidad, si no se investiga siempre va a pasar lo mismo, y de alguna manera la gente deja de creer en sus instituciones", dice Huerta en entrevista con Notivox en las instalaciones de Amnistía Internacional.
Esa organización junto con la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de Derechos Humanos y la Federación Internacional de Derechos Humanos presentaron una denuncia ante la Procuraduría General de la República para que se investigue la desaparición de su tío en julio de 1936 cuando iba a ser trasladado a una prisión por las autoridades españolas.
El director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, dice que el gobierno español ha cerrado todas las vías para conseguir la verdad y reparación del daño en casos de crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo.
Prueba de ellos son los 114 mil 266 casos que tienen registrados en donde no se ha realizado ninguna investigación, por lo que se tienen que llevar a otros países para iniciar la querella, como lo es Argentina.
En su trabajo documental, Anais Huerta explora el tema de la memoria algo que relaciona con su historia, pues su padre heredó el nombre de su tío desaparecido y ella heredó la tarea de saber qué fue lo que pasó con él.
Ella presentó la denuncia en México no sólo porque vive aquí o para abrir otro frente para investigar aquello que en España se calla, sino también para que hubiera un precedente y un compromiso para investigar los casos de desaparición forzada que ocurren en el país.
Para Perseo Quiroz, director de la oficina de Amnistía Internacional en México, esta denuncia no busca "desviar la atención de los casos de personas desaparecidas en México sino fortalecer el proceso que hay en México".
"Creemos que el resultado de este caso puede crear un precedente importante que beneficia a las miles de personas desaparecidas que tenemos en el país", agrega el activista.
"En caso de que la PGR actúe, saludaremos la decisión porque será una muestra de que ante la grave crisis de derechos humanos que tenemos en México, se quiere empezar a limpiar el nombre no solamente atendiendo temas internos sino también temas que pasan en el extranjero", comenta.
¿Por qué México puede investigar?
Para Beltrán, lo que se le pide a México no es algo exótico pues los derechos humanos no son algo meramente nacional sino tienen una connotación internacional, de ahí que un tribunal en Sierra Leona haya juzgado un ex mandatario de Liberia por crímenes de lesa humanidad.
Por su parte, Quiroz explica que el Código Penal Federal, en su artículo segundo, establece que los delitos que sucedan en el extranjero pero cuyos efectos surtan efectos en territorio mexicano pueden ser investigados por las autoridades mexicanas.
"Esto ya lo dijo en alguna ocasión la Suprema Corte de Justicia de la Nación en caso de un robo y lo que nosotros estamos diciendo es si en el caso de un robo se puede aplicar este artículo mucho más en el caso de una desaparición forzada", agrega.
Dice que cualquier persona bajo está categoría pudiera presentar una denuncia sin importar su nacionalidad, pues cualquier individuo tiene derecho a que se le respeten sus derechos humanos en el territorio.
Esta es la principal diferencia con el tribunal creado en Argentina en el 2010, pues ahí cualquier persona puede pedir que se investigue un caso aunque no se encuentre en ese país, debido a que se indagan casos de lesa humanidad.
El tribunal de argentina que investiga las desapariciones forzadas en la época franquista ha emitido 19 órdenes de búsqueda y captura que no han sido cumplidas por el gobierno español, dice el director de Amnistía Internacional en España.
Además el tribunal logró la exhumación de un cuerpo de manera judicial, algo que sucede por primera vez en España donde, debido a la impunidad, los familiares buscan en las fosas comunes a los desaparecidos.
La denuncia presentada en México abre la posibilidad de que los familiares de las víctimas de la dictadura española puedan llegar una verdad que se las ha sido negada por décadas.
"Cada persona tiene derecho a saber lo que ocurrió con su tío, abuelo, padres, hermanos, tiene derecho a saber que ocurrió y tiene derecho saberlo por lo que investigue el estado, no por lo que investiguen historiadores o lo que investiguen ellos con sus propias manos", concluye el activista.
