El fiscal general de España, José Manuel Maza, anunció que ejercerá una acción penal contra el gobierno de Cataluña por firmar el decreto de convocatoria de un referéndum independentista.
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Esta querella se sumará a la anunciada ayer contra los miembros de la Mesa del Parlamento de Cataluña, que permitieron la tramitación de la ley de referéndum, convocado para el 1 de octubre.
Maza, en una breve comparecencia sin preguntas, afirmó que es la respuesta de la Fiscalía "en defensa de la legalidad y el Estado de derecho ante la gravedad de la situación generada en Cataluña".
Una situación de la que culpó a "a responsables de la Generalitat que actuando en violación de la Constitución y del Estatuto de Autonomía y desobedeciendo frontalmente los reiterados pronunciamientos del Tribunal Constitucional han convocado el denominado referéndum de autodeterminación".
Será la primera querella de la Fiscalía contra el presidente del gobierno catalán, Carles Puigdemont, y buena parte de los miembros de su Ejecutivo, la segunda contra los representantes de la coalición gubernamental Junts pel Si (JxSí) en la Mesa del Parlamento Regional y la tercera contra la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell.
Pedirán que referéndum sea declarado ilegal
El presidente español, Mariano Rajoy, afirmó que la convocatoria de las autoridades catalanas a un referéndum es un "intolerable acto de desobediencia a las instituciones democráticas”.
Rajoy precisó que el gobierno central pedirá ante el Tribunal Constitucional la "nulidad" de la ley que permite convocar el referéndum en Cataluña, aprobada el miércoles por el Parlamento regional, y otras decisiones adoptadas por el gobierno catalán para prepararlo.
Dijo que solicitará también al Tribunal que recuerde a las autoridades y a los más de 900 alcaldes de Cataluña que es su deber "impedir o paralizar cualquier iniciativa tendiente a la organización del referendo".
"Esa consulta no se va a realizar en ningún caso", subrayó Rajoy, ya que supone "privar" al resto de los españoles del derecho de decidir sobre el futuro de una región de España.
"La convocatoria del referéndum de autodeterminación supone un claro e intolerable acto de desobediencia a nuestras instituciones democráticas, y el gobierno se considera obligado a defender" su dignidad, dijo.
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Frente a "los pasos cada vez más autoritarios y antidemocráticos" de las autoridades catalanas, Rajoy garantizó a los habitantes de la comunidad que la ley "les defenderá frente a cualquier arbitrariedad".
JASR
