Un 61 % de los estadunidenses sigue a favor de la pena de muerte, un porcentaje muy parecido al registrado en 2014 (63 %) y que consolida un declive gradual desde que alcanzó hace dos décadas su más alto apoyo, según un sondeo publicado hoy.
Entre los encuestados por la firma Gallup, que pregunta sobre la pena de muerte desde hace décadas, el 37 % se posicionó en contra (33 % en 2014) y un 2 % dijo no tener opinión al respecto.
Aunque la cifra de partidarios cosechada este año es una de las más bajas de los últimos tiempos, la pena de muerte registró su mínimo apoyo en 1966, cuando tan solo el 42 % de los estadunidenses se mostraba a favor y el 47 % en contra.
A partir de entonces y en paralelo a un aumento de la criminalidad en el país, el apoyo a la pena capital creció hasta alcanzar el 80 % en 1994, momento en el que volvió a decaer.
Entre las minorías étnicas, el apoyo a la pena de muerte es menor que entre la población blanca: tan solo el 39 % de los afroamericanos está a favor de las ejecuciones (el 55 % se opone), mientras que entre los hispanos el 56 % es partidario y el 43 % contrario.
Entre los blancos, el 68 % está a favor y el 29 % en contra. Por adscripción política, el 49 % de los votantes demócratas es partidario de la pena capital, un porcentaje que se eleva hasta el 82 % entre los republicanos.
Los resultados de la encuesta coinciden con otros indicios del declive progresivo de la pena de muerte en Estados Unidos: las condenas capitales registran su nivel más bajo en décadas, lo mismo que las ejecuciones, siete estados la han abolido desde 2007 y está sometida a continuos litigios que paralizan su funcionamiento. La encuesta fue realizada entre el 7 y el 11 de octubre a 1,015 personas mayores de edad de los 50 estados del país y tiene un margen de error del 4 %.
Oklahoma renuncia a ejecutar
De otra parte, el estado de Oklahoma (sur de Estados Unidos) renunció hoy a ejecutar a sus presos condenados a muerte al menos hasta 2016, cuando espera concluir la investigación sobre el uso de un fármaco erróneo en una inyección letal en enero pasado.Además, el procurador general de Oklahoma, el republicano Scott Pruitt, se comprometió a no solicitar ninguna ejecución hasta 150 días después de que la investigación esté concluida, sea pública y su oficina reciba la notificación de que el estado está en condiciones de cumplir con su propio protocolo.
Con este compromiso en mano, Pruitt y los abogados de los tres reos que el estado sureño pretendía ejecutar en las próximas semanas alcanzaron un acuerdo por el que ambas partes suspenden un litigio sobre la legalidad de las inyecciones letales que los enfrentaba en los tribunales.
El procurador general y los letrados coinciden en que el caso no debe proseguir hasta que se aclare por qué Oklahoma obtuvo el fármaco erróneo en dos ocasiones, aunque la decisión final la tiene un juez.
La gobernadora de Oklahoma, Mary Fallin, paralizó la ejecución de Richard Glossip el pasado 30 de septiembre después de que funcionarios se percatasen de que el fármaco que le iba a ser inyectado era acetato de potasio en lugar de cloruro de potasio, el previsto en los protocolos.
Fue entonces cuando se hizo pública la autopsia del reo Charles Warner, ejecutado en enero también con acetato de potasio. Oklahoma lleva un año y medio tratando de ejecutar a Glossip, a Benjamin Cole y a John Grant, pero la sucesión de errores cometidos por su Departamento de Correcciones y los consiguientes litigios han conducido a la situación actual.
Todo empezó en abril de 2014, cuando el verdugo le administró una inyección defectuosa a Clayton Lockett, que agonizó durante 43 minutos antes de morir. Ese caso llevó a Oklahoma al Tribunal Supremo de Estados Unidos, que en una ajustada votación falló en junio en contra de los presos litigantes.
Ahora, con el error con los fármacos destapado el pasado 30 de septiembre, se augura un largo periodo sin ejecuciones en este estado, el segundo, tras Texas, que más aplica la pena capital.
