Las protestas estudiantiles ocurridas en Nicaragua por una polémica reforma a la seguridad social, derogada ayer, pusieron por primera vez en jaque al gobierno de Daniel Ortega, tras 11 años de relativa paz social.
A sus 72 años, el ex guerrillero sandinista Ortega alcanzó la estabilidad tejiendo alianzas con grupos económicos poderosos, sus antiguos adversarios, las que se fracturaron a raíz de la sorpresiva acción policial contra los universitarios y la ruptura del dialogo con el sector privado.
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Si bien las protesta iniciaron en las universidades en Managua, se extendieron pronto a una decena de ciudades. Los manifestantes fueron atacados por grupos de choque del gobierno y policías antimotines, lo que dejó diez muertos de acuerdo con datos oficiales y al menos 26 según organismos de derechos humanos.
Daniel Ortega fue presidente por primera vez durante la revolución de la década de 1980, un convulso periodo que atrajo la simpatía de miles de personas en el mundo pero que estuvo marcado por una cruenta guerra entre los sandinistas y los “contras”, apoyados por Estados Unidos.
En 1990 pasó a la oposición, tras ser derrotado sorpresivamente en las urnas por una alianza de partidos de derecha y su candidata, Violeta Chamorro, viuda del periodista asesinado por la dictadura de Anastasio Somoza en enero de 1978, Pedro Joaquín Chamorro.
Después de 17 años y tres fracasos electorales, Ortega volvió al poder en 2007. Desde entonces se ha reelegido en dos ocasiones (2011 y 2016) tras eliminar un artículo constitucional que le impedía continuar al frente del gobierno.
Acosado por sus detractores de reiteradas denuncias de fraude, el gobernante mantuvo el poder gracias al apoyo financiero venezolano y el capital privado local, con los que estableció una “alianza estratégica” a cambio de importantes exoneraciones fiscales y otros beneficios económicos.
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Por primera vez en 11 años, Ortega escuchó el grito de jóvenes que pidieron su renuncia y la de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo. “No tenemos miedo”, coreaban los manifestantes, cuya reacción sorprendió a la clase política, que cuestionaba su aparente apatía frente a la realidad.
Las redes sociales, a las que el gobierno ha amenazado con controlar, desempeñaron un papel clave en la difusión y organización de las protestas, según analistas locales. Televisoras independientes censuradas por el gobierno se mantuvieron en pie y salieron al aire por Internet.
Ortega y Murillo han acusado a “grupos políticos” de estar detrás de una “conspiración” para desestabilizarlos. Y aunque finalmente el mandatario accedió a conversar con el sector privado y los obispos para revisar la situación del Seguro Social, evitó adelantar si invitará a otros sectores influyentes de la sociedad.
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