La mayoría parlamentaria chavista de la Asamblea Nacional (AN, unicameral) designó hoy y juramentó a trece magistrados principales y 21 suplentes para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela con el voto salvado de la oposición, que prometió destituirlos al asumir el control del Parlamento.
La alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) reiteró que la mayoría parlamentaria opositora electa en los pasados comicios legislativos revertirá este proceso de designación de nuevos magistrados, un procedimiento que calificó de "inconstitucional", "antiético" e "inmoral".
El presidente de la AN saliente, el oficialista Diosdado Cabello, dio por "aprobada por mayoría constitucional" la elección de los jueces y reiteró que este nombramiento se hacía "de acuerdo con la Constitución y las leyes de esta patria". "Aprobado por mayoría constitucional", proclamó Cabello, número dos del chavismo, tras lo cual los diputados opositores abandonaron el hemiciclo para ausentarse de la juramentación.
Por segundo día consecutivo, la Asamblea Nacional sesionó de forma extraordinaria con la designación de los 13 magistrados y 21 suplentes como punto central de agenda, un tema candente porque la oposición lo estima extemporáneo e irregular en jornadas maratónicas en víspera de Navidad.
"Este es un acto nulo de esta Asamblea moribunda", gritó el diputado opositor William Dávila, a quien Cabello acusó de "inmoral" por "haber apoyado" el golpe de Estado contra Hugo Chávez en abril de 2002. Los magistrados deben ser nombrados con mayoría de dos tercios, pero la ley habilita la designación en una cuarta sesión con mayoría simple, la cual tiene actualmente el oficialismo.
Dos sesiones fueron el martes y las otras dos este miércoles, todas con pocos minutos de diferencia. Una acción que la oposición tildó de "desesperada" y para los chavistas fue "constitucional". El legislativo también modificó hoy el Código de Ética del Juez, a fin de que el tribunal disciplinario de los jueces lo nombre el TSJ y no la Asamblea.
El TSJ es clave porque deberá dirimir las disputas que se avecinan entre el gobierno socialista de Nicolás Maduro y la coalición opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD, centroderecha).
Esta designación se realiza a menos de dos semanas para que la nueva AN de mayoría "calificada" opositora de dos tercios sea instalada después de que en las elecciones legislativas del pasado 6 de diciembre el bando adverso al Gobierno lograra 112 diputados contra 55 del chavismo.
El nombramiento de los magistrados se realizó tras cumplirse cuatro rápidas sesiones extraordinarias que se celebraron entre ayer y hoy y que debían desarrollarse para que la mayoría chavista simple pudiera hacer este nombramiento según las exigencias de la Ley del TSJ.
"Estamos aquí 55 diputados, nosotros vamos a seguir defendiendo contra todo trance, esta constitución y la ley", subrayó Cabello. El clima de tensión entre chavismo y oposición se ha reavivado tras la designación de los nuevos magistrados del Supremo a pocos días de que el oficialismo pierda el control del Parlamento, en el que han sido mayoría desde hace quince años.
Cabello advirtió que la "confrontación" entre los dos bandos es "inevitable". "Son dos modelos (...) se van a confrontar, no hay ninguna duda, ninguna duda, va a llegar el momento de la confrontación porque van a ser mutuamente excluyentes, por eso hoy está AN, gracias a los diputados revolucionarios cumplimos con nuestra tarea", dijo.
El diputado chavista Elvis Amoroso, que hizo la propuesta de designación de magistrados, pidió al pueblo venezolano sentir que "está muy bien representado por estos juristas" que fueron designados tras reiterar que el procedimiento se hizo acorde con las leyes.
"Son juristas de una alta calidad profesional y una gran honorabilidad, hemos cumplido con esta propuesta, con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, con su normativa legal y sobre todo con la patria de Bolívar y también con la patria de Hugo Chávez", expresó.
"Jueces del terror"
Por su parte, el diputado opositor William Dávila pidió a los designados que "no se conviertan" en "jueces del terror" porque están siendo designados "mediante un acto nulo porque ni siquiera el procedimiento lo han seguido".
Dávila reiteró que la bancada opositora no asistiría al acto para juramentar a los magistrados y señaló que el próximo 5 de enero cuando se instale la nueva Asamblea de mayoría opositora "comenzará una luz diferente y una esperanza distinta para Venezuela".
Más temprano el secretario ejecutivo de la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD), Jesús Torrealba, sostuvo que los legisladores de su formación podrán aplicar distintos mecanismos para revertir este proceso.
"Tenemos un sistema judicial que es un instrumento político al servicio del Gobierno", declaró a AFP Torrealba, quien afirmó que los magistrados juramentados son "fichas partidistas (...) dóciles".
Torrealba explicó en su programa radial a través de la emisora privada RCR, que la nueva AN, una vez instalada, podría declarar "írritas" (nulas) las acciones que conllevan a este proceso y revertirlo, o también promover la destitución de estos jueces por haber sido designados sin que se respetaran los lapsos.
"Podría ocurrir también que sencillamente se produzca una reforma de la Ley del TSJ, se amplíe el número de magistrados y esta mayoría sea prácticamente licuada en una nueva correlación de fuerzas", apuntó. "Todo eso puede ocurrir y todo eso va a ocurrir", sentenció.
Además, aseguró que "el 96 % de los delitos en Venezuela queda impune" y que "el sistema de administración de justicia está al servicio del partido del Gobierno y no al servicio de los ciudadanos, porque se dedican a perseguir a estudiantes" o a políticos, lo que contradice los objetivos del nuevo Parlamento.
La nueva Asamblea Nacional estará conformada por una mayoría opositora calificada con dos tercios de la cámara, una mayoría con un gran poder sobre leyes orgánicas, entre otras atribuciones. Con esta cantidad de parlamentarios podrán llevarse a referendo aprobatorio los proyectos de ley, los tratados, convenios o acuerdos internacionales.
Esa mayoría permite igualmente destituir a los magistrados, en el caso de que cometieran faltas graves que fueran calificadas previamente por el Poder Ciudadano (integrado por el fiscal, el defensor del pueblo y el contralor).
Mayoría opositora de dos tercios
Por primera vez en 16 años de gobierno socialista, la oposición controlará el Parlamento y lo hará con mayoría calificada de dos tercios (112 de 167 escaños), que le permitiría remover funcionarios, buscar una salida anticipada del presidente, aprobar reformas económicas y una amnistía para presos políticos.
El presidente Nicolás Maduro anticipó que vetará la amnistía y que el chavismo responderá a cada acción de que llama la "Asamblea burguesa", exhortando incluso a "rebelarse" ante ella.
"La confrontación es inevitable. Son dos modelos: el capitalista y el socialista", advirtió Cabello desde la tribuna, en la caldeada sesión que concluyó con la grabación del himno nacional en voz del fallecido Hugo Chávez.
El conflicto político crece en una Venezuela agobiada con la inflación más alta del mundo -200% en 2015 según cálculos privados- y una severa escasez de productos básicos, lo que Maduro atribuye a una "guerra económica" de empresarios de derecha y la oposición al modelo centralista de control de precios y de tipo de cambio.
En este ambiente crispado, la nueva Asamblea deberá instalarse en trece días para un periodo de cinco años, pero el TSJ anunció que mientras tanto el actual Parlamento podrá legislar ampliamente de forma extraordinaria. La oposición teme que en este lapso el oficialismo siga adoptando medidas para -dijo- "socavar" su mayoría legislativa.
Nueve días después de la derrota en los comicios legislativos del 6 de diciembre, que Maduro calificó de un "golpe electoral", el oficialismo instaló un Parlamento Nacional Comunal, instancia popular que según analistas busca hacer "contrapeso" a la futura Asamblea.
El 4 de enero, un día antes de la instalación de la nueva legislatura, ese parlamento comunal se reunirá en el Cuartel de la Montaña, donde están los restos de Chávez, fallecido en 2013.
Observadores señalan que el gobierno usa la estrategia de entidades paralelas cuando pierde una alcaldía o una gobernación, como ocurrió con el estado de Miranda, donde gobierna el opositor Henrique Capriles, o la alcaldía de Caracas.
El Parlamento también nombró como Defensora Pública a Susana Barreiros, jueza que condenó a casi catorce años de cárcel al opositor radical Leopoldo López, y el martes reformó una ley para proteger esa designación al dejar al TSJ la factultad de removerla.
El martes en la tarde, la MUD denunció que el TSJ "insólitamente" abrió oficinas para recibir un recurso del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) contra 22 diputados opositores, lo que calificó de un "intento de golpe judicial". Pero el máximo tribunal negó haber recibido impugnaciones y calificó esas informaciones de "malsanas". La MUD afirmó que su denuncia hizo "retroceder" a los chavistas.
"¿Puede el chavismo burlarse de la decisión del pueblo? Controlando instituciones puede a corto plazo, pero insostenible a mediano y largo", opinó el analista Luis Vicente León, de la firma Datanálisis, quien cree probable un escenario de "grave crisis" que obligue luego al diálogo.
