Amnistía Internacional (AI) informó que los defensores y defensoras de los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren intimidación, acoso y violencia, situaciones que van en aumento y ponen en riesgo su vida.
En su informe titulado “Defender Derechos Humanos: Necesario, Legítimo y Peligroso”, que se presenta el Día de los Defensores y las Defensoras de los Derechos Humanos, AI ofrece una perspectiva general de la situación de quienes defienden derechos humanos en la región.
El informe se centra principalmente en más de 200 casos de ataques y abusos sobre los que Amnistía Internacional ha actuado durante los dos últimos años, en los que se encuentran algunos de México.
“La trágica realidad es que muchas de las personas que defienden los derechos humanos en América Latina y el Caribe sufren persecución y ataques constantes como represalia por su trabajo. En diversos países hemos observado un incremento, inquietante y vergonzoso, del nivel de violencia y represión que padecen estas personas sólo por defender los derechos humanos y la justicia” manifestó Erika Guevara Rosas, directora del Programa para América de Amnistía Internacional.
“Resulta angustioso contemplar el tipo y la frecuencia de los cobardes intentos por silenciar e intimidar a quienes trabajan para arrojar luz sobre los abusos contra los derechos humanos. Y aun así, estas admirables personas siguen luchando, incluso ante semejante represión. Es imperativo que los dirigentes de América redoblen sus esfuerzos y hagan más para proteger a quienes defienden los derechos humanos” agregó.
El informe se basa en casos de Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Venezuela.
La investigación documentó niveles especialmente altos de violencia y represión contra quienes trabajan sobre cuestiones relativas a la tierra, el territorio y los recursos naturales, contra quienes trabajan sobre los derechos de las mujeres y niñas, sobre los derechos de las personas que se identifican como lesbianas, gays, bisexuales, transgénero o intersexuales (LGBTI), y sobre los derechos de las personas migrantes, así como contra periodistas y sindicalistas que defienden los derechos humanos.
