El conflicto social entre los pobladores de la bahía de Akumal y policías derivó en una mesa de seguridad en la que participaron representantes del Instituto Nacional Electoral, del órgano local, de la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y delegados del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), con el fin de que “la alerta social no se convierta en una alerta electoral”.
El coordinador de Comunicación Social de la Junta Local Ejecutiva del INE, Mario de Jesús Caro, informó que la gresca del domingo pasado por manifestarse contra la supuesta privatización de la playa, provocó que se realizara la cuarta mesa de seguridad en Chetumal, Quintana Roo.
El encuentro, dijo el funcionario, se realiza a dos días de la jornada electoral —donde se renovará la gubernatura, 11 presidencias municipales y diputaciones locales—, porque “se busca garantizar que se presten las condiciones necesarias para que el ciudadano pueda ejercer el libre derecho al voto”.
Aunque dijo que no existen focos rojos en la entidad por el crimen organizado, sí existe atención y seguimiento de los conflicto sociales que ocurren en las comunidades, por lo que se concretó la reunión con los funcionarios para “coordinarse” y garantizar que la jornada electoral se realice sin contratiempos.
“Una alerta social, como es el caso de Akumal, sí es una advertencia por el cierre del acceso a la playa y por otras inconformidades que tienen los habitantes de esa localidad, que pueden cambiar a una alerta electoral. No es un foco rojo, es una alerta de que puede presentar cierto conflicto en esa localidad”, explicó.
Agregó que hasta el momento hay acuerdos entre autoridades y pobladores de Akumal, quienes tendrán próximos encuentros para buscar solución a las demandas y que “no tengan que desbordarse las pasiones como la manifestación que llegó a un conflicto con la policía municipal”.
Recordó que al inicio de los preparativos de la jornada electoral, habitantes de las localidades San Silverio y Yalchén se inconformaron ante el Tribunal Electoral, luego de que ya no pertenecen al municipio de Tulúm sino al de Carrillo Puerto.
El rechazo de los pobladores no tuvo vuelta atrás luego de que el tribunal resolvió que es legal que pertenecen a Carrillo Puerto, a pesar de que, se explicó, los pobladores argumentaron que es Tulúm el que resuelve sus requerimientos.
