El Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado de México admitió treinta trámites disciplinarios contra igual número de jueces y funcionarios judiciales por la emisión de resoluciones irregulares desde una firma hasta actos de corrupción.
Sergio Javier Medina Peñaloza, presidente del tribunal, informó “que están proceso alrededor de 30 procesos disciplinarios, hay jueces también, serán como dos más o menos los que tenemos, por no haber dictado en tiempo alguna sentencia, por omitir sellos, por dictar de manera inconveniente algún acuerdo y eso lo analiza el Consejo de la Judicatura y la propia Contraloría”.
Esto, durante un encuentro con el Colegio de Abogados del Valle de México, que encabeza Joaquín Rodríguez Lugo, donde el magistrado informó que se conformará una especie de observatorio con la “participación de ciudadanía, para vigilar el desempeño de cada servidor judicial”, advirtió Medina Peñaloza.
Medina Peñaloza, indicó que existe ya una visitaduría en materia mercantil y familiar en el área metropolitana, de un “proyecto de 10 y en todas las materias y todo el estado”.
Expresó “que afortunadamente las quejas son pocas sobre responsabilidades de este tipo de servidores y en caso de que exista alguna seremos implacables”.
“El problema (de corrupción) no es tal, de hecho atendemos siempre a la capacitación y la profesionalización y al ejercicio ético de los compañeros que conforman el Poder Judicial, estos son casos de excepción a los que damos la atención debida, se instrumenta un procedimiento ante Contraloría y finalmente se emite una decisión”, afirmó.
Medina Peñaloza, también reconoció que existe una saturación de asuntos, sobre todo en materia penal en la zona de Chalco que ya lo estamos previendo para reducirlo, implementando los dobles turnos de trabajo en los juzgados de juicios orales, pero aun así necesitaríamos 100 jueces más, de menos, de los 320 que hay.
También refirió que los juicios orales son un instrumento fundamental para eliminar el rezago, pues los casos se resuelven en 90 días, principalmente en materia mercantil, pues los jueces determinan los plazos procesales en el tiempo que marca la ley.
En materia penal “ya tenemos implementada al 100 por ciento para todos los delitos y en materia mercantil ya también está trabajando con oralidad, la materia federal también, nos resta todavía la materia civil, pero ya empezamos con los primeros esfuerzos”, explicó.
