La decisión sobre si el ex gobernador Rodrigo Medina de la Cruz es vinculado o no a otros dos delitos aparte del ejercicio indebido de funciones está en suspenso.
Y es que este jueves se realizó la audiencia en donde la Fiscalía Anticorrupción apeló la decisión de un juez de control, de vincular al ex mandatario sólo a un delito en busca de adjudicarle también el de peculado y daño patrimonial.
Durante media hora, el magistrado de la Duodécima Sala Penal, Ángel Mario García Guerra, escuchó los argumentos de la parte acusadora que se basan en una conversación donde presuntamente Medina de la Cruz indujo a sus funcionarios a obrar a favor de Kia.
El fiscal Héctor Maldonado intentó en varias ocasiones extender sus alegatos, por lo que el magistrado le solicitó apegarse al escrito de tres cuartillas que habían presentado previamente.
La audiencia que inició a las 13:30 concluyó rápido. La resolución se dará dentro de los siguientes tres días hábiles a la audiencia que comenzarían a contar a partir del lunes debido a los días de asueto.
"Esperamos que confirmen la resolución emitida, no se puede hablar de inducción respecto de una entrevista que dicen que hubo con el gobernador en donde dijo que era importante el asunto de Kia y eso no se puede interpretar que es la forma de ordenarle a alguien que cometa delitos", dijo Alonso Aguilar Zínser, abogado de Rodrigo Medina.
El abogado de Medina de la Cruz, Alonso Aguilar Zínser, dijo estar confiado en que se mantendrá la resolución del juez de control.
Cuando se dio la fecha para esta audiencia de apelación, la Fiscalía Anticorrupción emitió un comunicado en donde afirmaba que Medina de la Cruz tendría que hacer acto de presencia ante el magistrado...sin embargo, llegó la fecha de la cita y no estuvo presente. Ante esto, su defensor aclaró que no estaba obligado a hacerlo.
"La Ley no prevé que se acuda a estas audiencias y no acuden los imputados", agregó.
Actualmente, Rodrigo Medina de la Cruz está vinculado a proceso por el presunto delito de ejercicio indebido de funciones por el caso KIA, en el que se le acusa de desviar 3 mil 680 millones de pesos en obras e incentivos para la armadora automotriz.
Cabe señalar que su defensa promovió un amparo para desechar esta vinculación, sin embargo, aún no se resuelve de fondo, pues los jueces de distrito que atienden esta materia tienen un conflicto de competencias debido a que además del ex gobernador, otros ex funcionarios también promovieron recursos con jueces diferentes y se encuentran en el proceso de designar a uno solo que atienda todo lo relacionado con este caso.