Trabajadores de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero iniciaron un paro laboral para exigir el pago de un bono de riesgo, la dotación complementaria anual y el incremento salarial emergente para el ejercicio fiscal de 2019.
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De acuerdo con los coordinadores, son por lo menos 700 trabajadores que participan en la protesta, quienes reclaman el pago oportuno de su bono de riesgo y la dotación complementaria que asciende a 16 mil pesos.
Los manifestantes señalan que el bono de riesgo se otorga a peritos, Ministerios Públicos y policías ministeriales de todo el país, pero que solamente en Guerrero se carece de la prestación, pese a los niveles de violencia que se registran en esta entidad.
Respecto al incremento salarial, dijo que hace tres años que sus ingresos nominales no han aumentado, por lo que reclaman que la alza sea de cien por ciento.
Al respecto, el titular de la FGE, Jorge Zuriel de los Santos Barrila, les ofreció gestionar que la dotación complementaria se les cubra en una sola exhibición y aunque el planteamiento fue aceptado, no se frenó la protesta.
Alrededor de las 17:00 horas, el fiscal se presentó ante los manifestantes para indicarles que había pactado una reunión de trabajo con la Comisión de Presupuesto del Congreso local, para efecto de plantear la necesidad de que se les asigne el presupuesto necesario para sacar adelante los compromisos con los trabajadores.
Mientras que en la Fiscalía Regional de Acapulco no se sumaron los agentes de la Policía Investigadora Ministerial, los agentes del Ministerio Público, ni personal de Servicios Periciales y administrativos.
Aunque desde temprano se había anunciado el paro de labores para exigir el bono de fin de año y el incremento salarial, los trabajadores administrativos, ministeriales y agentes del MP, ingresaron a sus oficinas en el horario establecido y ninguna de las áreas hizo el menor intento por parar labores.
“Estamos bien fregados, no tenemos hojas ni carta ni oficio, no tenemos ni siquiera el toner para las impresiones y menos para hacer nuestras actividades diaria, a veces tenemos que comprarlas”, se quejó una de las empleadas de la fiscalía que pidió omitir su nombre por temor a represalias.
RLO
