La síndica de vigilancia del Ayuntamiento de Torreón, Dulce María Pereda, realizó la solicitud formal para que se inicie una investigación en las finanzas del desaparecido Instituto Municipal de Cultura y Educación de Torreón (IMCE).
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Esto luego de que en la pasada sesión de Cabildo, realizada el jueves 30 de enero, se dieron a conocer presuntas irregularidades en el manejo de los recursos públicos del instituto.
En la vigésima quinta sesión de la Comisión de Contraloría, Transparencia y Acceso a la Información Pública, la síndica de vigilancia entregó directamente al contralor Juan Carlos Álvarez, la solicitud por escrito, basándose en el artículo 91 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el cual señala que la investigación por la presunta responsabilidad de faltas administrativas iniciará de oficio, por denuncia o derivado de las auditorías practicadas por parte de las autoridades competentes o en su caso, de auditores externos.
Es así que con el hecho de tener conocimiento de las presuntas irregularidades, la Contraloría Municipal deberá iniciar el procedimiento de investigación de acuerdo a lo estipulado en la ley, para aclarar el por qué un ex funcionario del IMCE continúa haciendo movimientos en las cuentas del organismo, además de conocer porque hizo distintas transferencias en el mes de octubre hacia la tarjeta de crédito a su nombre.
La síndica señaló que el mismo jueves 30, el municipio intentó aclarar el asunto mediante un comunicado, aclarando que dichos gastos se refieren a diferentes viáticos para eventos culturales, sin embargo, los pagos no están reportados en el portal de transparencia del IMCE.
Además, señaló que las personas beneficiadas no son empleadas del IMCE, por lo que no pueden recibir viáticos. Cabe mencionar que tampoco en el rubro de apoyos se encontró la comprobación de los pagos.
De acuerdo a la Ley General de Responsabilidad Administrativas la Contraloría Municipal, como instancia investigadora tendrá acceso a toda la información necesaria para esclarecer los hechos, rendir informe a la autoridad sustanciadora y finalmente, en caso de encontrarse falta grave, será el Tribunal de Justicia Administrativa el que aplique la sanción, que puede llegar hasta consecuencias penales.
