Autoridades de Baja California y del Ayuntamiento de Tijuana, en coordinación con la Guardia Nacional y policías municipales, realizaron un operativo para reubicar a 380 migrantes, que desde hace casi un año acampaban en el cruce fronterizo El Chaparral.
El operativo se realizó esta madrugada, cuando las autoridades locales retiraron el cerco de malla instalado alrededor de las cientos de casas de campaña, donde dormían los centroamericanos y mexicanos.
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Los elementos de la Guardia Nacional y policías municipales se encargaron de resguardar las vialidades, mientras autoridades locales retiraban a los migrantes.
Una de ellas es Maritza, una mujer hondureña con tres hijos, quien se dijo angustiada por el operativo, pues aseguró que no creyó que fueran a ser desalojados.
“La verdad no pensé que fueran a sacarnos así porque nosotros somos seres humanos”, dijo Maritza, quien dormía en el campamento desde hace siete meses.
Como cientos de centroamericanos, Maritza esperaba iniciar ante el gobierno de Estados Unidos su trámite de asilo, pues incluso sus hijos ya viven ahí.
“Yo tengo a mis hijos allá (en norteamerica). ¿Por qué cree que estoy aquí peleando un asilo?”, externó.
Con ayuda de un altavoz, un funcionario del Instituto Nacional de Migración (INM) informó a los migrantes que la reubicación se debe a que el campamento no cumplía "con ninguna de las normas de seguridad, salubridad y de protección".
Asimismo, aclaró que también se violaban leyes y reglamentos, por lo cual “eran susceptibles de cualquier riesgo de inseguridad, como violencia, robos o amenazas”.
“Llegan en la madrugada, como si fuéramos unos criminales”, denunció Roseli Mejía, una mujer originaria de Guerrero, quien buscaba entrar a Estados Unidos para huir de la delincuencia.
Un migrante hondureño, que pidió el anonimato, comparó al gobierno de México con el del presidente estadunidense Joe Biden.
“Nos ven cómo una amenaza, un estorbo. Las reglas de salubridad las usan como una excusa, igual como el gobierno de Estados Unidos para no darnos el asilo”, externó.
Sin embargo, la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, aseguró que las familias de migrantes aceptaron irse al Centro Integrado del Migrante Carmen Serdán, que opera el gobierno federal.
Garantizó que cada familia decidirá cuánto tiempo quiere vivir en los albergues, si quieren volver a sus países o entidades de origen con ayuda del gobierno.
Junto con el secretario del gobierno del Estado de Baja California, Catalino Zavala, aseguró que la Guardia Nacional se en encargará de vigilar el área para evitar se tomen de nuevo la zona como un campamento.
FLC
