Representantes del Sindicato Nacional de Trabajadores de Caminos y Puentes Federales de Ingresos y Servicios Conexos (Capufe) presentaron una denuncia ante la Secretaría de la Función Pública, contra funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes por la entrega de 19 concesiones de autopistas federales de cuota a empresarios privados.
Martín Curiel, secretario general del sindicato, señaló que existen una "una serie de irregularidades en los últimos años, en cuanto a la concesión de carreteras que formaban parte del patrimonio nacional y con ámbito de responsabilidad dentro de caminos y puentes federales".
Explicó que una parte de las autopistas fueron entregadas a la Iniciativa Privada por funcionarios federales en condiciones "abiertamente ilegales" con la aprobación de la SCT, Capufe, Banobras y del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).
"Esta es una desmantelación del organismo, es una forma de ir quitándole estructura con la que el organismo opera y administra el patrimonio de los mexicanos. El concedérselas a particulares o transferírselas indebidamente a Banobras y a los fideicomisos FARAC y Fonadin.
"Nosotros creemos que existe la intención de beneficiar a determinados consorcios de determinadas empresas; insisto en que esto es arrebatarnos nuestra fuente de empleo", expresó.
Curiel señaló que las presuntas irregularidades han estado por más de dos sexenios, desde 1999, en los principales ejes carreteros como la México- Cuernavaca, México- Puebla, Querétaro – Irapuato y la Tijuana – Ensenada.
Aseguró que los costos de las autopistas federales de cuota son los más elevados que van desde un peso con 3 centavos en la red propia de Capufe, y se eleva hasta poco más de 4 pesos por kilómetro, a pesar de que los servicios para el transportista "no son los más óptimos".
