Al menos 120 policías preventivos de Chilpancingo protestaron en las instalaciones de su cuartel general, esperan que se resuelva su situación laboral porque ignoran si serán despedidos o reincorporados a sus funciones, pese a que los encuartelaron desde la jornada del 1 de marzo.
La protesta se desarrolló en el cuartel general de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), en donde todos los elementos de la Policía Preventiva permanecen encuartelados desde que inició la operación conjunta encabezada por la Policía Federal y del Estado.
Los manifestantes ratificaron la denuncia planteada con una semana de anticipación, cuando marcharon por las principales calles de la ciudad y se concentraron en las instalaciones del ayuntamiento para dar a conocer que permanecían hacinados; sin armas de cargo, seguro de vida ni las prestaciones elementales.
Señalaron que ya todos los elementos del municipio fueron sujetos a un proceso de evaluación y están a la espera de que se informen los resultados obtenidos, para saber quiénes permanecerán en la corporación y cuantos enfrentarán un proceso de liquidación, pues ya no están en condiciones de seguir desempeñándose como policías.
Aunque el cabildo informó que eran más de 175 los preventivos que serían sujetos a la evaluación, al final solamente iniciaron el proceso 120, lo que ya constituye una irregularidad porque se manejó una cifra inflada.
“Estamos seguros de que fuimos 120 los evaluados porque nos llevaron en tres bloques, cada uno de 40 y nunca hubo un viaje en el que se trasladaran más compañeros”, anotó uno de los manifestantes.
Los exámenes que enfrentaron los 120 preventivos fueron de carácter psicológico; toxicológico, de orina, sangre, del polígrafo, físico y del entorno socioeconómico.
Aunque las autoridades municipales sostienen que hay un promedio de 18 policías acreditados, todavía no dicen quienes son y por ello todos los municipales reciben un trato discriminatorio por parte de los mandos de la operación conjunta.
“De ninguna manera nos parece justo que nos traten como apestados”, remarcó un policías de aproximados 27 años, quien asegura que aprobó los exámenes pero denuncia que hay la pretensión de forzarlos a causar baja de manera voluntaria, para que no haya la obligación de liquidarlos conforme a derecho.
Otro elementos reprochó: “El hecho de que nuestro alcalde, Mario Moreno Arcos no diga públicamente que somos policías confiables nos pone en una situación de vulnerabilidad, porque la gente piensa que todos somos corruptos o que no podremos ayudarlos”.
Al cuartel general de la SSPM acudió el secretario de Finanzas municipal Jesús Urióstegui, quien ofreció abalizar sus problemas y buscar una solución adecuadas, de tal manera que a pesar de no acreditar las evaluaciones se evite que queden totalmente desprotegidos.
