Con el objetivo de atender el artículo cuarto constitucional, en el que se establece que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible el PAN presentó una iniciativa.
Es para que en escuelas, hospitales y centros penitenciarios se amplíen los motivos de suspensión del servicio de suministro de agua.
La iniciativa fue presentada por el diputado, Armando Pruneda Valdez, para modificar el contenido del segundo párrafo y adicionar un tercero, del artículo 86 de la Ley de Aguas para los Municipios del Estado.[OBJECT]
Expuso que el derecho humano al agua está intrínsecamente relacionado a otros dos derechos humanos esenciales como el derecho a la salud y a un medio ambiente adecuado y sano, así como al derecho a una vivienda digna
"El derecho humano al agua implica que Estado, las entidades federativas y los municipios deben garantizar el acceso de la población al agua potable por medio de crear e invertir en la infraestructura necesaria para hacer llegar el agua a sus hogares, escuelas, hospitales y centros de recreación, así como a los centros de asistencia social", comentó.
Sin embargo, dijo, existe el problema de que ciertos grupos humanos, debido a sus especial problemática, situación social y jurídica, no pueden, bajo ninguna circunstancia, ser privados del acceso al agua potable.
Esto no implica que se les deba proporcionar de modo gratuito, o que las autoridades no puedan hacer nada para obtener el pago de lo adeudado.
Por lo que a hospitales y clínicas de salud, centros de asistencia social y humanitaria, centros de reinserción social y de detención preventiva, Orfanatos, Asilos de ancianos y escuelas públicas no se les deberá suspender el suministro de agua potable.
"Privar a los centros y lugares antes mencionados del agua potable, generaría un caos de salud pública de enormes proporciones, produciendo riesgos sanitarios, especialmente para las personas que residen o acuden temporalmente a dichos inmuebles, violando con ello el derecho a la salud, y a un medio ambiente sano, así como el derecho a vivir en lugares adecuados y libres de riesgos sanitarios", precisó.
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