Durante el curso "blindaje electoral" el subsecretario de Planeación, Evaluación y Desarrollo Javier García Bejos, afirmó que todos los servidores públicos deben ser transparentes, pues la política social no es un favor ni tema de clientelismo, sino que se trata de derechos constitucionales de los mexicanos.
"En ningún lado dice que en elecciones la gente deja de enfrentarse a situaciones adversas y una particularidad de la política social es la estabilidad y transparencia de sus programas".
Dijo que tanto en el Estado de México como en los otros estados donde habrá elecciones esta estrategia de "blindaje electoral" parte de la capacitación.
Frente autoridades de la Sedesol; Alejandro Hinojosa, titular de la Contraloría del Estado de México, y Enrique Menchaca funcionario de la FEPADE, señaló que es necesario cuidar los límites de política social, pues "es mejor pecar de transparentes y claros".
Agregó que con la Contraloría Social, que cuenta con 31 mil comités, se hace referencia a la tarea social, además de que es una herramienta más para hacer cumplir la ley y el Estado de Derecho.
El titular del órgano de control interno de la Sedesol dio a conocer que frente a los comicios se firmó un convenio para asegurar que los recursos designados para programas, serán destinados para este fin.
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Dijo que es necesario que cada funcionario sepa cuáles son sus derechos pero también sus obligaciones respecto de la aplicación de cada peso, sobre todo cuando está por concretarse una elección", para ello está el Reglamento de Blindaje Electoral, así como las responsabilidades que establecen cuáles son faltas, de las cuales se incluyen al menos tres graves".
Afirmó que tanto la FEPADE como el órgano interno de control estarán vigilando el actuar de cada servidor público y en caso de que se detecte alguna irregularidad se aplicarán las sanciones correspondientes, "por eso les pido actuar con apego a la legalidad. Estamos trabajando sin que haya intromisión de ningún partido político".
Señaló que deben tener claras las sanciones a las que se pueden hacer acreedores en caso de incumplimiento, para evitar caer en cualquier tipo de irregularidad.
En esta reunión se hizo referencia también a la importancia de capacitar en materia de delitos electorales, pues ello reforzaría seguramente la participación de los ciudadanos.
Se indicó que ya hay un convenio que permite la difusión de hechos delictivos en materia electoral, por lo que intervino la PGR a través de la FEPADE, así como la Secretaría de la Función Pública, "se pretende lograr la equidad, igualdad y transparencia en la formulación y realización de campañas electorales".
Dieron a conocer que los programas que llevan a cabo las dependencias para beneficiar a los ciudadanos que se encuentran en situaciones de desventaja, serán vigilados para evitar que ante cualquier irregularidad las elecciones se resuelvan en litigios judiciales.
MMCF
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