La Comisión de Derechos Humanos del Estado acreditó que al menos seis elementos de la Fiscalía General de Coahuila participaron en la manipulación de la escena del crimen del homicidio de Marco Tulio, el migrante hondureño asesinado por uno de los elementos durante un operativo realizado por esta dependencia el pasado 31 de julio en Saltillo.
El presidente de la CDHEC, Hugo Morales Valdés, presentó un informe en el que afirma que los elementos incurrieron en obstrucción de la justicia y por lo tanto deberán ser sujetos a un proceso judicial para enfrentar este delito, además de que la Fiscalía deberá emitir una disculpa pública a la familia y entregar un pago por concepto de indemnización.
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Los hechos ocurrieron la noche del 31 de julio cuando Marco Tulio de 29 años y quien junto con otras 20 personas buscaban tomar el tren para viajar al norte para llegar a Estados Unidos, fueron víctimas de un operativo en el que el indocumentado murió por los disparos de uno de los agentes de la Fiscalía, frente a los ojos de su hija de 8 años de edad quien lo acompañaba en el viaje.
Ya que sólo el oficial Juan Carlos “N” fue detenido y vinculado a proceso por el delito de homicidio, la Comisión solicita que se presenten las denuncias correspondientes y se inicien carpetas de investigación para el resto de los elementos que participaron y manipularon la escena del crimen.
Señaló además que no se acredita que el arma sembrada perteneciera a alguna de las corporaciones por lo que era de uso particular.
“La persona de origen hondureño que fallece no era una persona que fuera violenta, no consumía drogas, no tenía un arma al momento del evento y que posteriormente se presentaron hechos que dieron lugar a que se les pusieran tanto droga como el arma a efecto de hacer aparentar por parte de elementos que esta persona había atacado y accionado el arma de fuego y que repelieron una agresión”, explicó el Ombudsman.
Expuso que por lo anterior el pasado martes se notificó a la Fiscalía de una recomendación que incluye ocho vertientes a cumplir, la primera de ellas, generar un plan de indemnización económica en colaboración con la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas respondiendo a las medidas de compensación por pérdida de vida, incluso manifestó que la Fiscalía reconoce el hecho como cierto, aunque tendrá 15 días para dar contestación a dicha recomendación.
La compensación se entregará por daño moral y deberá cubrir un pago quincenal a su esposa y dos hijos, hasta que éstos últimos cumplan la mayoría de edad o concluyan sus estudios profesionales con un límite que no sobrepase los 25 años.
Además, deberás dar acceso a los servicios médicos, de atención psicológica y crear un proyecto de vida en la que se cubran las necesidades de casa, vivienda y trabajo digno de los familiares y dependientes de Marco en su calidad de víctimas.
Morales Valdés indicó que aunque la familia fue repatriada a su país de origen Honduras, se está gestionando la posibilidad de que regresen al país para establecerse en Coahuila para lo que se les darán todas las facilidades, ya que dijo la víctimas han manifestado su intención de vivir en esta entidad.
La Comisión solicita proporcionar capacitación permanente y continua a los elementos de Seguridad del estado y en particular a la Unidad Investigadora de la Fiscalía General, a funcionarios encargados de hacer cumplir la ley con la finalidad de que conozcan los límites y consecuencias de su actuar.
