El 91 por ciento de los establecimientos de alto impacto, es decir donde se vende alcohol, inspeccionados por el Gobierno de Ciudad de México han sido sancionados al no poder aprobar las medidas básicas de seguridad y protección civil.
Entre 2016 y lo que va de 2017, las más de 10 dependencias que participan en los operativos han verificado 168 establecimientos de los 9 mil que hay en la capital, que resultaron en 154 suspensiones.
“Lo que queremos es que se regularicen los establecimientos. La ciudad lo que quiere es que haya vida nocturna, pero ordenada, donde se generen condiciones de seguridad para los vecinos y también para los clientes. El resultado es contundente: 91 por ciento no pasa una verificación simple”, explicó Horacio Robles, director de Gobierno de la capital.
Según las estadísticas de la Secretaría de Gobierno, las principales sanciones administrativas son por no contar con licencia ambiental (29 por ciento), uso de suelo irregular (26 por ciento) programa interno de protección civil (21 por ciento), sobrepasar aforo (10 por ciento), ruido excesivo (8 por ciento) y mal manejo de residuos (6 por ciento). En un número menor a 5 por ciento se han cerrado establecimientos por causas penales como gente armada, trata de personas y venta de drogas.
“Se envió a las delegaciones un diagnóstico que realizó el gobierno central sobre estos establecimientos; fueron cuestionados sobre cuál era la problemática que se identificaba y que en el ámbito de sus atribuciones hicieran lo conducente. Pasados algunos meses sucedieron cosas lamentables, y ante la no participación de algunas demarcaciones, el gobierno central intervino en la verificación”, agregó Robles.
Las delegaciones donde se concentran los establecimientos de alto impacto son Cuauhtémoc, Tlalpan y Miguel Hidalgo, y en segundo nivel Coyoacán, Azcapotzalco y Benito Juárez.
El programa de verificación de establecimientos de alto impacto inició luego de que en enero del año pasado dos personas a bordo de una motocicleta balearon a dos trabajadores y al dueño de un after llamado Dussel.
Vale la pena destacar que en este mismo bar, en noviembre de 2016, murió un joven de 24 años que salía del establecimiento y apenas el pasado 29 de marzo fue ejecutado el gerente del lugar.
Ante este panorama, se decidió endurecer las medidas de vigilancia por la falta de acción de las delegaciones. Desde entonces, se verifican más de 18 conceptos, entre los que destacan usos de suelo, aforos, drogas, trata, salidas de emergencia, medidas de protección civil, manejo de residuos, licencias, bebidas adulteradas y manejo de alimentos.
En los operativos participan las secretarías de Gobierno, de Seguridad Pública, Medio Ambiente y de Protección Civil, además de la Procuraduría local con sus diferentes fiscalías, el Instituto de Verificación Administrativa y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios.
“Hemos insistido en generar un acuerdo con todas las delegaciones y particularmente las más céntricas, donde se concentra la mayor cantidad de establecimientos, que en la ciudad son alrededor de 9 mil de este tipo, para que no se permita que los negocios que no cumplan con esas disposiciones y que son facultades delegacionales, no se les permita abrir después de las 2 de la mañana”, abundó.
Buena parte de las baterías de las autoridades están enfocadas en regular los after hour, que son bares que operan después de las 2 de la mañana, con permisos que otorgan las delegaciones.
“Nos estamos enfocando en aquellos lugares que, de acuerdo con nuestros diagnósticos o la denuncia vecinal o ciudadana, hemos identificado que presentan más riesgo”, puntualizó.
De los 168 establecimientos verificados, 124 se revisaron en 2016 y 44 en lo que va del año. Actualmente 28 continúan suspendidos y 44 fueron regulados por los propietarios.
“Estamos haciendo especial énfasis en esto porque, no es una máxima pero, donde se combinan fuera de horarios, irregularidades, no condiciones de seguridad, es un espacio, digamos, no seguro ni para el ciudadano ni para el cliente”, concluyó.
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