Mediante el libro “Reinserción social, entre urgencias penitenciarias y normatividad jurídica”, la doctora Patricia Cerda Pérez reveló el pésimo estado, la sobrepoblación y las precarias condiciones en las que se encuentran los reos del penal de Apodaca.
La investigadora, quien realizó este estudio con una inversión de tiempo de un año, señaló que en el interior de este centro penitenciario se cometen abusos sexuales, la cantidad de celadores es muy baja, no existe atención psiquiátrica, y el porcentaje de quienes laboran en las maquiladoras ubicadas al interior es muy bajo, y por si fuera poco, perciben salarios desde los 300 a los 600 pesos mensuales.
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Durante la presentación del libro, al que acudieron a acompañarla el diputado federal Waldo Fernández y el diputado local Ángel Barroso, además del coordinador de la facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Francisco Valdez, Patricia Cerda dijo que al momento de realizar el estudio, el penal contaba con 2 mil 017 internos, con una capacidad máxima de mil 522, es decir, con una sobrepoblación de 32.5 por ciento.
Un total de 300 custodios se encargan de la seguridad para tres turnos diarios, cuando debiera haber 405 por turno.
“Este trabajo que se realizó a lo largo de un año concluye que este penal en el que se alberga una cuarta parte de la población penitenciaria de Nuevo León, sí cuenta con programas de reinserción social, y con la voluntad y hasta el entusiasmo de los funcionarios responsables, pero se carece hasta ahora de un esquema que mida y organice los tiempos, alcances y espacios en los cuales se desenvuelven los 2 mil internos que están ahí, que realizan sus actividades laborales, educativas, culturales y deportivas; no hay seguimiento”.
“Él área más crítica la constituye sin duda alguna, la escasa seguridad, porque hay una falta de elementos, actualmente se trabaja con una cuarta parte de los custodios que este penal necesita, en este ámbito los internos admiten la existencia de abusos sexuales entre los propios reclusos o entre autoridades y reclusos, la circulación de drogas y la presencia de robos y maltratos por parte de los propios compañeros al interior del reclusorio”, dijo la investigadora.
El estudio reveló que las autoridades penitenciarias no desconocen tales abusos que son cometidos por internos pertenecientes a distintos grupos delictivos.
Comentó que cada interno debería contar con un expediente, pero no observaron que fuera así.
“El otro rubro que preserva deficiencias considerables es el de la salud, este penal no tiene algún psiquiatra, ni tampoco personal de psicología, medicina general y de enfermería necesarios para hacer frente a las demandas de 2 mil reclusos, además de esto subsiste una evidente crisis de escases de medicamentos”, mencionó.
En el ámbito de la salud, los privados de la libertad, no tienen acceso ni siquiera a la lectura, y carecen hasta de anteojos, para ello, y además hay casos de analfabetismo. La población de la tercera edad, que representa un tres por ciento tampoco tiene acceso a un geriatra.
Un 57 por ciento de los reclusos tiene trastornos depresivos de distinto nivel, y además carecen de oferta educativa, una mayoría tiene un nivel educativo de secundaria.
