Tras renunciar a la Coordinación Ejecutiva del gobierno de estado, Fernando Elizondo no descartó ser interino del mandatario de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón, en caso de que éste se separe del cargo para competir por la Presidencia de la República.
En entrevista para Notivox con Azucena Uresti, el ex funcionario aceptó que ser gobernador interino es una posibilidad.
“Todas las posibilidades para mí están abiertas. Hay muchas, muchísimas; si echamos la imaginación a volar no hay límite. Lo que digo en el texto de la renuncia es la verdad: quiero y necesito tener más flexibilidad con mi tiempo para dedicarlo a mi familia, a mis cosas personales y a causas donde pienso que mi contribución puede ayudar más de lo que estoy haciendo en el gobierno estatal”, dijo.
Sus declaraciones sobre la posibilidad de ser el mandatario interino generaron reacciones políticas. El coordinador de la bancada del PRI en el Congreso estatal, Marco Antonio González, aseguró que en caso de que Elizondo busque el interinato su grupo parlamentario lo frenará.
El diputado local indicó que aunque los argumentos de su dimisión fueron de carácter personal o familiar, ahora ya se trata de un tema político.
“Vamos a suponer que realmente es un asunto familiar o personal; se respeta, pero ya insinuando que puede haber un tema electoral o político en un futuro, ahí nos mete muchas dudas de cuál es la intención. En su momento, si hubiera un gobernador interino, la bancada de PRI no apoyará a Elizondo; eso no va por ahí.
“Tiene que ser aprobado por el Congreso (si quiere ser gobernador interino) y dentro de la bancada del PRI no hay esa posibilidad que quedara él”, dijo.
Las dirigencias del PRI y PAN en la entidad coincidieron en que la renuncia de Elizondo puede ocultar intereses electorales y pidieron que la Coordinación Ejecutiva desaparezca por los altos costos que representa.
De hecho, la organización social Redes Quinto Poder consideró que lo mejor sería desaparecer esta dependencia, porque le cuesta 40 millones de pesos a los ciudadanos de Nuevo León.
El dirigente panista, Mauro Guerra, dijo que además de los altos costos de esa coordinación es necesario desaparecerla ante la falta de resultados. Igualmente, exhortó a los funcionarios a no perseguir intereses personales.
“Cada quien está viendo sus intereses, sus proyectos personales, desde el propio gobernador que está preocupado por la campaña a la Presidencia y no por sacar adelante a Nuevo León. No dudo que puedan darse otros movimientos en el gabinete solo para buscar interés de unos cuantos y no lo que el estado necesita”.
El líder estatal del PRI, César Cavazos, fue más crítico y mencionó que el acuerdo entre el gobernador Jaime Rodríguez y Fernando Elizondo por gobernar juntos fue una promesa de campaña que orilló a los ciudadanos a votar por un gobierno independiente; sin embargo, no lo cumplieron.
“El gobierno del estado se está desmoronando. Nos preocupa. Tenemos ahorita en Nuevo León un tema de violencia muy importante que no se ha detenido, los índices de seguridad van hacia abajo y espero que no sea esto una decisión personal de Elizondo para empezar a ser temas electorales”, dijo el priista.
Juan Manuel Ramos, vocero de Redes Quinto Poder, señaló que ante la renuncia de Elizondo los ciudadanos están en su derecho de cuestionar qué pasará con la oficina que se creó específicamente para él.
FUNCIONARIOS ESTATALES SE QUEDAN EN LA ORFANDAD POLÍTICA
Luego de la renuncia de Fernando Elizondo a la Coordinación Ejecutiva del gobierno estatal, algunos funcionarios estatales que llegaron con su apoyo quedaron en la orfandad política.
El grupo de Elizondo —cuyos integrantes crearon la plataforma “Alcalde, ¿cómo Vamos?”— comenzó a desmoronarse ante sus cuestionados resultados; más ahora, al darse la salida de cuatro funcionarios en año y medio de gestión.
Junto con Elizondo llegaron al gobierno en octubre de 2015 Carlos Garza, secretario de Finanzas y tesorero general del estado; Jorge Arrambide, a la dirección de Metrorrey; Lorenia Canavati, como coordinadora de Enlace con la Sociedad Civil; Esthela Gutiérrez, secretaria de Educación; Miguel Treviño, ex jefe de la Oficina de la Gubernatura; Fernando Marty Ordóñez, director del Instituto de Control Vehicular; Verónica Sada, subsecretaria de Energía de la Secretaría de Desarrollo Económico; Ernesto Canales, subprocurador anticorrupción; Fernando Turner, secretario de Desarrollo Económico, y Ricardo Marcos, como presidente de Conarte.
