Tras los violentos sucesos ocurridos en el penal de Topo Chico, en el estado de Nuevo León, donde se registraron más de 40 muertos así como decenas de heridos por la disputa de grupos criminales, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles afirmó que ello obligó al gobierno estatal a reforzar las medidas de seguridad en penales de la entidad.
Señaló que dicha medida fue dentro de una acción protocolaria pero también para revisar las condiciones que prevalecen al interior de los penales.
Dijo que Michoacán se mantiene atento y con los focos prendidos de manera permanente porque siempre hay riesgos en cualquier centro penitenciario, por lo que manifestó que instruyó a las diversas áreas a instrumentar los operativos correspondientes.
Por su parte el subsecretario de Prevención y Reinserción Social del gobierno estatal, Alejandro Montiel descartó que en los penales michoacanos se puedan registrar sucesos de sangre y violencia como los registrados hace unas horas en el penal de Topo Chico.
Alejandro Montiel manifestó que por lo regular los conflictos originados al interior de los centros penitenciarios se deben a los autogobiernos que imponen grupos de internos para controlar a la población penitenciaria.
En este sentido, aseguró que los 11 penales y cuatro centros preventivos se ha eliminado esa figura en el que los presos imponían sus condiciones por encima de la autoridad y la población penitenciaria.
Señaló que los cerca de seis mil internos que habitan los ceresos estatales y los centros de prevención son objeto de revisiones permanentes y sistemáticas por parte del personal de custodios de la subsecretaría de prevención, a fin de evitar la portación de armas, tanto de fuego como punzocortantes, el tráfico de enervantes, aparatos de telecomunicación con los que puedan realizar actividades delictivas desde el interior del penal así como todo tipo de privilegios no contemplados en la ley.
Comentó que por instrucciones del gobernador del estado, Silvano Aureoles se han reforzado las medidas de seguridad y procesos de revisión en todos los centros penitenciarios para evitar amotinamientos como el registrado en el estado norteño.
