El Centro de Derechos Humanos “Fray Juan de Larios” criticó que las reformas aprobadas en torno a la Ley General en Materia de Desapariciones fueron avaladas sin tomar en cuenta las propuestas de colectivos y organizaciones civiles. Además, advirtió que los cambios dejan fuera asuntos fundamentales como la creación de un registro confiable de personas desaparecidas en el país.
“Nos preocupa mucho que ya la hayan aprobado tan rápidamente, especialmente el tema de la CURP, que será utilizada con el argumento de buscar a personas desaparecidas, pero creemos que en realidad es una herramienta de control hacia todos los ciudadanos y ciudadanas”, señaló María Eugenia Arriaga Salomón, integrante de la organización.
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Recordó que desde hace siete años, cuando se promulgó la ley que ahora fue modificada, se señalaron puntos fundamentales que no se han cumplido.
“Desde 2018 pedimos una base de datos en la que las fiscalías de todos los estados pudieran compartir información, y el registro que existe está mal hecho”, lamentó.
Arriaga Salomón también subrayó la importancia de considerar el impacto de las desapariciones en las familias, que abarca no solo el aspecto emocional, sino también el físico y económico.
“La búsqueda debe ser la tarea principal, pero también se debe tomar en cuenta todo lo que la desaparición ha provocado en las familias”, expresó.
Asimismo, cuestionó la actuación de instituciones como la Fiscalía General de la República (FGR), que –aseguró– no ha cumplido con su responsabilidad en la investigación de desapariciones forzadas.
“La FGR la vemos paralizada. Luego de siete años, apenas están empezando a hacer análisis de contexto para entender qué pasó en algunos estados”, dijo.
Finalmente, apuntó que la falta de coordinación entre las autoridades estatales es evidente, y que la Federación tampoco ha asumido plenamente su responsabilidad en el tema.
“Las autoridades no han sido investigadas, a pesar de que han sido partícipes”, concluyó.
edaa
