La nueva legislación aprobada para combatir el delito de fraude procesal frenará en el Estado de Jalisco, abusos que podrían haber alcanzado los cinco mil millones de pesos al año, aseguró el fiscal general Eduardo Almaguer Ramírez.
En entrevista para Notivox RADIO, comentó que con la reforma se podrá perseguir las prácticas ilegales en las que caían tanto personas que se coludían con abogados, como litigantes que pretendían hacerse de sumas millonarias antes de que se cristalice el daño económico, a través de laudos ilegales.
Dijo que para cualquier presidente municipal el mayor problema son los laudos laborales, tanto que ya existe una partida presupuestal para cubrirlos, en especial durante los últimos seis años y sobre todo durante la administración del ex gobernador Emilio González Márquez.
"Son cantidades exorbitantes que se daban a partir de la ilegalidad y del contubernio y que era muy difícil combatirlo, toda vez que de acuerdo a la legislación anterior la única manera de acreditar que se cometía un delito, era cuando se materializaba el daño, mientras tanto era una tentativa y por lo tanto al ser delitos menores prácticamente no se perseguía" dijo Almaguer Ramírez.
Recordó que el estado de Jalisco se suma a otras dos entidades en donde se ha legislado en la materia, siendo la tercera que cuenta con la figura que perite perseguir a quienes cometen el delito de fraude procesal, junto con Chihuahua y el Estado de México.
"Pero en el caso de Jalisco ya con un antecedente práctico que se había dado en el Estado como lo fue en los últimos años pero ya materializado en una reforma... (Lo que permite la nueva ley) es regresar la ética a todos los abogados postulantes, y cerrarle la puerta a aquellos que se prestan para cualquier tipo de crimen organizado, que al final del harían daño a las autoridades"
Comentó que entre otras novedades se encuentra la posibilidad de sancionar a los funcionarios involucrados, sancionar a las personas físicas, en este caso los clientes o los trabajadores que coinciden en mentir y aceptan hacerlo, además de castigar a los abogados hasta con 3 años de prisión y la suspensión de su cédula profesional por el doble de los años para ejercer la profesión.
Además acusó a su antecesor de lentitud en sacar adelante las averiguaciones previas deprendidas de demandas contra talibanes: "había una lentitud hacían falta desahogar bastantes diligencias para apegarse a la legalidad como corresponde, y en ese sentido pues la agente del ministerio público que llevaba varias de estas denuncias se le ha equipado por parte del fiscal central de lo que era necesario para ir agotando las diligencias y poder resolver" puntualizó.
Claves
• 5 mil millones de pesos ascendería el costo de los juicios en los que se tipificaría el delito de fraude procesal
• Según la Coparmex Jalisco, el costo ascendería a los 8 mil millones de pesos
• 200 millones de pesos, se evitó que se pagaran por parte de organismos públicos
• El Fiscal Eduardo Almaguer acusó a su antecesor Luis Carlos Nájera de lento para atender las denuncias contra los abogados "talibanes"
• La pena por fraude procesal sería de 3 años de prisión
• Los abogados que se encontraran culpables perderían el derecho a ejercer hasta por el doble de la condena
Los antecedentes
La Fiscalía General del Estado cuenta con más de 20 denuncias que se interpusieron por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social por laudos millonarios principalmente en contra del Banco Diocesano de Alimentos (BDA) y el Sistema Intermunicipal de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), además de ciudadanos que se vieron afectados por los procesos que emprendieron los abogados conocidos como talibanes, lo que incluso desató una serie de amenazas verbales en contra del entonces titular de la STPyS Eduardo Almaguer. La órdenes de aprehensión incluyeron a cuatro ex trabajadores del BDA, se lograron ejecutar solo dos, otros dos se declararon prófugos de la justicia. El fiscal reconoció que las denuncias presentadas cuando fue titular del Trabajo serán procesados con la ley anterior.
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