El Gobierno del Estado reconoció el trabajo del Congreso local por aprobar el paquete fiscal 2018.
En un comunicado, el secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado, Carlos Alberto Garza Ibarra, destacó que durante varias semanas se realizaron negociaciones con los líderes de las diferentes fracciones legislativas y los diputados de la Comisión de Presupuesto, en las que se expusieron los objetivos de la propuesta entregada por el Ejecutivo.
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El funcionario reconoció la labor de los diputados, ya que con esta acción demostraron que coinciden en el interés de atender las necesidades prioritarias de la población.
Garza Ibarra indicó que, por segundo año consecutivo, en estos encuentros participaron también representantes ciudadanos del Consejo Nuevo León para la planeación estratégica, lo que contribuyó a tener una visión más amplia de las prioridades a atender.
"La discusión previa entre el Ejecutivo, legisladores y representantes ciudadanos, todos con el fin común de mejorar la calidad de vida de los nuevoleoneses, permitió que este año el paquete fiscal esté listo en muy buen tiempo y sin generar desgaste entre las partes", mencionó.
Además, señaló que como no sucedía desde hace varios años, el paquete fiscal fue aprobado por el Congreso del Estado mucho antes del término que establece la Constitución.
"Sin apresuramientos y luego de un análisis adecuado de las prioridades de Nuevo León", comentó.
Garza Ibarra destacó que entre los temas prioritarios está la seguridad, que contempla la compra de nuevas tecnologías, equipamiento y contratación de elementos policiacos; la atención a la salud y operación de los nuevos hospitales, apoyo a jóvenes con transporte y acceso a internet, así como el impulso a la generación de empleos.
Además, indicó que la administración enfrentará presiones al gasto como la falta de los ingresos por mil 800 millones de pesos que generaba el impuesto por tenencia y uso de vehículos, el cual fue eliminado; el pago de pensiones; los salarios del magisterio; la erogación extra que se requiere para solventar el proceso electoral, así como la elevación de la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE), lo cual aumenta el costo del servicio de la deuda.
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