Ante la ineficiencia, corrupción, discrecionalidad, inequidad que se vive al interior de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública (SIOP) y las direcciones de obras públicas de los municipios fue presentada la iniciativa de reforma a la Ley de Obra Pública del Estado de Jalisco en el Congreso.
Quien presentó dicha propuesta fue la fracción del Partido Movimiento Ciudadano (PMC). Se busca armonizar la ley de obras con la Ley de Compras Gubernamentales. De acuerdo al diputado Ismael del Toro, coordinador de dicha fracción, señaló que se busca atender la problemática en la contratación de obras.
“Nosotros como fracción, además de presentar la Iniciativa de Ley, que uno de sus puntos fundamentales es la denuncia anónima, también estaremos instando mediante un Acuerdo Legislativo para que la contraloría no encuentre pretexto y realmente realice las investigaciones y podamos tener claridad de qué significa esta red de corrupción, que por lo dicho se cobra el 30 por ciento en la obra pública del Estado”, dijo Ismael del Toro.
Algunos de los puntos que establece la iniciativa es el eliminar discrecionalidad en la asignación de controles de obra pública, eliminar las invitaciones restringidas y a tres proveedores. Además se propone una modificación al sistema de contratación para dar prioridad a la licitación pública, asignación por insaculación y las asignaciones directas se realicen sólo en casos de excepción.
En la propuesta del partido pemecista se contempla el Sistema Electrónico de Compras Gubernamentales y Contratación de Obra Pública que se utilice para la contratación y asignación de obra y proyectos.
De esta forma se busca evitar contacto directo entre funcionarios y contratistas. Además se encomendaría a la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (SEPAF) para que entregue la clave única para contratistas. Se buscaría el que este registro sea auditora por instituciones del Sistema Estatal Anticorrupción.
Finalmente se busca incorporar la figura del testigo social, procedimientos de denuncia anónima y la revisión de eficiencia gubernamental.
MC