Ante la posibilidad de que en Nuevo León se replicaran modelos texanos en los centros de readaptación social, el diputado federal Waldo Fernández destacó que no está de acuerdo con la medida, ya que pudiera ser ilegal y no se garantizarían los derechos humanos.
"De entrada, me parece que la medida pudiera violar la Constitución política de la nación, el artículo 18 constitucional establece que los estados son los que tienen la facultad de organizar los centros de readaptación; privatizarlos, a mi manera de ver, puede ser ilegal.
"Me parece que los gobiernos estatales y federales, de un tiempo a la fecha, han querido a la Iniciativa Privada darle facultades en temas donde la autoridad ya no le quiere entrar, y eso me parece muy grave y muy delicado", señaló.
Además, se abren a la interpretación varios dilemas, el de los empresarios, el de los internos, y el de los derechos humanos.
"Yo no estoy de acuerdo en que todo se privatice porque de entrada eso no te va a garantizar que se mejoren las condiciones en los penales.
"Y la Iniciativa Privada es muy capaz en muchos temas, yo soy pro IP, pero en el tema de readaptación, concretamente, ¿qué pasaría con el tema de los derechos humanos? ¿Cómo se va a garantizar que no haya violaciones a los derechos humanos?
"Si tú tienes un empresario coordinando un penal, el primer gran dilema, pues tienes mano de obra barata y a su disposición al cien por ciento; entonces, de entrada se puede prestar para interpretaciones de regresar a la época medieval, donde tienes en condiciones particulares a personas a tu disposición; a lo que voy es no se garantizarían los derechos humanos", indicó el diputado federal.
Para Waldo Fernández hay al menos otras cuatro medidas que se pudieran empezar a implementar antes de que el estado busque deslindarse de su responsabilidad.
"El Estado tiene que ser responsable, sobre todo en el tema de seguridad, que es la principal función del Estado, y la seguridad alcanza el tema de la readaptación, yo no estaría de acuerdo, creo que hay medidas que se pueden tomar pero privatizar no es una medida adecuada.
"Me parece que habría que platicar con la federación y tomar algunas medidas, de entrada que los internos federales pues el costo pase a la federación y se vayan a penales federales.
"Otra medida que pudiera ser es hacer convenios de intercambio de internos para que los internos que no son de Nuevo León vayan a su estado natal.
"Además, ver las condiciones de los internos para ver quiénes están en facultades, en posibilidad de ser preliberados porque no están en delitos de alto impacto.
"Y una parte vital, es separar a los internos de alta peligrosidad de los que cometen un primer delito o de aquellos que cometen delitos patrimoniales", destacó el funcionario.
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