El PRD presentó una denuncia ante la Procuraduría General de la República contra el gobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, el alcalde de Benito Juárez, Paul Carrillo, el secretario de Seguridad Pública del municipio, Jaime Ongay, así como los delegados federales de Semarnat, Profepa y Fonatur, por el daño ecológico causado en el manglar de Tajamar.
En conferencia, acompañados por el líder nacional del PRD, Agustín Basave, legisladores e integrantes de la dirección estatal de ese partido en Quintana Roo, demandaron la intervención de la PGR "para que investigue y sancione a quien o quienes resulten responsables por los hechos, actos y omisiones que han producido y continúan produciendo desequilibrio ecológico, daños y deterioro ambiental en el manglar de Tajamar".
Pidieron a la Procuradora Arely Gómez que se finquen responsabilidades contra los funcionarios que permitieron la devastación de dicho manglar y advirtieron no se trata de un caso aislado, ya que en los últimos años se han producido desastres ambientales "ante la mirada complaciente de las autoridades".
La senadora Luz María Beristaín y la diputada federal Ivanova Pool y el dirigente estatal Emiliano Ramos, además del aspirante a la gubernatura del estado, Gerardo Mora, quienes acudieron a presentar la denuncia a la PGR, denunciaron que lo ocurrido con el mangar Tajamar es solo "la punta del iceberg", pues las autoridades estatales benefician a la iniciativa privada, aun a costa de la ley.
El dirigente estatal denunció que Fonatur ocultó que Tajamar era una zona de manglar y de especies protegidas para otorgar el permiso de construcción a diversas empresas, "que entraron de manera ilegal a rellenar el manglar".
Confió en que el juez de distrito otorgue la suspensión definitiva de la obra, aunque denunció que para otorgarla, dicha autoridad pidió una fianza de 20 millones de pesos a los 133 niños que fueron promoventes del amparo que otorgó la suspensión provisional.
"Obviamente eso está fuera de la realidad y por eso no se ha conseguido la suspensión definitiva", dijo.
Denunciaron que Semarnat y Fonatur "coludidos han permitido que se dé este ecocidio con los empresarios, porque el desarrollo no se puede basar en la devastación y la ambición desmedida de un grupo que pretende acabar con los pocos espacios que quedan de selva y de manglar, para intereses particulares".
