El ayuntamiento de Santiago dio de baja a 11 empleados de diferentes áreas debido a que están pasando por una situación financiera complicada, tras el pago de más de 2 millones de pesos que les ordenó la Suprema Corte de Justicia, derivado de un juicio que no llevó correctamente el alcalde anterior de este municipio por la expropiación de un terreno que fue ocupado para el pase de una carretera que comunica a este municipio con Tehuacán.
El alcalde Luis Alberto Flores Rodríguez informó que la determinación de este ajuste se dio como resultado de una evaluación que hicieron en el desempeño de los empleados, de tal manera que la ausencia de los mismos no afectara la operatividad de las diferentes áreas de la administración municipal, es por eso que la reducción de personal fue hecha en los departamentos de Servicios Municipales, Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y cajas de cobranza, aunque el recorte inicio en este mes algunos de estos aun laboraron hasta el pasado 15 de febrero.
Fue en recientes fechas cuando se concretó la renuncia de dos servidores públicos, el secretario general, Israel Espíndola Torres y la presidenta del Sistema Municipal DIF, Claudia Escamilla Huitrón, pero ante las complicaciones que han tenido para el cumplimiento de sus obligaciones, el ayuntamiento ya no contratará a más personal y continuará con el existente, para evitar que se vuelvan a generar gastos que afecten en otras áreas importantes como seguridad pública.
Señaló que en los siete meses que faltan para concluir su gestión, se llevará a cabo una reorganización, en la cual valorarán el trabajo de los actuales servidores públicos con el objetivo de que el personal que está activo cubra otras actividades.
Además, informó que Claudia Escamilla Huitrón renunció desde el pasado 30 de enero al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) de ese lugar, para buscar una candidatura a la presidencia municipal de este lugar por el partido Compromiso Por Puebla.
Durante su ausencia, el área quedó a cargo de Cristina Ruíz Flores, quien anteriormente se desempañaba como coordinadora de alimentos del DIF y al conocer la operatividad consideraron es la persona adecuada para ocupar el puesto, sucesión que se hizo como lo establece la ley, por lo tanto fue el contralor municipal el responsable de hacer el cambio de titulares.
AMV
