La diputada del PRI, Patricia Salazar, en compañía de la presidenta de la mesa directiva del Congreso, la legisladora independiente, Karina Barrón, presentó este martes una iniciativa de reforma al Código Civil para en el caso de muertes violentas de mujeres, establecer en el acta de defunción si fue por violencia familiar o de género.
Ambas legisladoras comentaron que en la entidad plantearon las reformas al Código Civil en los artículos 119 y 122, bajo el argumento de que en Nuevo León no existen estadísticas al respecto, mientras que en otras entidades sí cuentan con ello.
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"Hemos venido a presentar esta iniciativa de ley al Código Civil, en el artículo 119 y el artículo 122, en el cual lo que pretendemos es que exista una estadística para que luego se convierta en un diagnóstico y luego ejercer acciones concretas para evitar la violencia contra las mujeres, sabemos que no existe una base de datos específica para que se tomen acciones muy concretas, es importante tener información y base de datos concretas para saber cuáles son las causas reales generadoras de la violencia contra las mujeres.
"Es tal cual lo que se quiere modificar en el Código Civil para que en el acta de defunción venga claramente establecido cuál es la causa de la muerte, si es por violencia familiar o fue por motivo de género", dijo Salazar.
Al respecto, Karina Barrón reiteró que no existe información por parte del Gobierno Estatal para saber las causas de muerte.
"En el Gobierno del Estado no se tiene esa base de datos, no hay una información donde se sepa cuáles son las causas, en otros estados sí tienen esta base de datos, y va a la alza el tema de la violencia contra las mujeres y violencia familiar", añadió.
Reforma al Código Fiscal
Por otra parte, la bancada del Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa de reforma al Código Fiscal Federal y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la intención de que los delitos de presunta corrupción sean realmente atacados.
Lo anterior, luego de que presuntamente en relación a las investigaciones que se realizan a ex servidores públicos del gobierno estatal anterior, el Sistema de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores se han negado a entregar las cuentas bancarias, las declaraciones fiscales, los títulos valor, cheques, acciones de todos los procesados de anticorrupción, entre los que aparece el ex gobernador, Rodrigo Medina.
"Estamos proponiendo una iniciativa para de una vez por todas eliminar en México el secreto fiscal y el secreto bancario, estamos proponiendo modificar el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación y el artículo 4 de la Ley de la Comisión Bancaria y de Valores, estamos buscando con esto por fin los delitos de corrupción puedan realmente ser atacados.
"Para que un juez meta a la cárcel a un procesado por los delitos de enriquecimiento ilegítimo, evasión fiscal, peculado, cohecho, que es el famoso moche o soborno, necesita el Ministerio Público comprobar que efectivamente dinero del erario llegó al patrimonio del funcionario, mucho funcionario de medio rango para abajo pues no tienen despachos tan sofisticados y son muy tontos y el dinero se lo llevan a su bolsa", declaró.