La Secretaría de Desarrollo Sustentable de Nuevo León solamente cuenta con 35 Manifestaciones de Impacto Ambiental Modalidad Industrial de las 48 pedreras que operan en la entidad, por lo que no se tiene registro del estatus legal de las 13 restantes.
Aunque las extractoras de roca caliza tienen que presentar un expediente con el plan del proyecto de construcción, las repercusiones ambientales, ubicación de la pedrera, documentación legal con permisos estatales y federales, entre otros, para poder operar, la dependencia estatal no cuenta con información del 27 por ciento de ellas.
Lo anterior surge luego de que la organización Únete Pueblo solicitara información sobre las pedreras, por medio de transparencia, a la Secretaría de Desarrollo Sustentable. Sin embargo, en un documento que posee Notivox Monterrey se dio a conocer que la dependencia no cuenta con todos los expedientes que avalan la operatividad de las empresas.
“En cuanto al punto 1 del escrito de solicitud consistente en: ‘1.- Copia certificada del estudio de impacto ambiental causado por operación de las pedreras’ le informo lo siguiente: (…) Existe registro de ingreso de 35 Manifestaciones de Impacto Ambiental Modalidad Industrial presentados por los extractores de caliza, dichos estudios se encuentran en diversas etapas de su evaluación, los cuales se pone a su disposición en versión pública, previo al pago por concepto de derechos”, indica el escrito.
Sin embargo, el pasado 16 de octubre de 2016 la Secretaría de Desarrollo Sustentable, encabezada por Roberto Russildi, emitió un comunicado en el que informa que son 48 pedreras las que operan en la entidad.
El Reglamento en Materia de Evaluación de Impacto Ambiental (REIA) y la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente establecen que las industrias propensas a generar un desequilibrio ecológico (entre ellas las pedreras) deben presentar una Manifestación de Impacto Ambiental (MIA).
La Ley menciona en su artículo 28 que por medio de una Evaluación del Impacto Ambiental la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) establece las condiciones a las que se sujetará la realización de obras y actividades que puedan provocar un daño al medio ambiente y con base en eso se emite el permiso para que puedan operar.
Al no contar con el expediente del MIA ni con los permisos de la Semarnat, la dependencia estatal no tiene registro de la legalidad con la que operan las pedreras, denunció Rocío Montalvo, vocera de Únete Pueblo.
“Aquí lo que queda en duda es por qué nada más contar con 35 expedientes y entonces ¿en qué situación están operando el resto?”, dijo.
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