A mano alzada, organizaciones sociales de Tixtla, así como representantes de comunidades, colonias populares y barrios tradicionales nombraron al concejal principal, quien proponen asuma la presidencia del cabildo provisional que se instalará el próximo 30 de septiembre.
En la asamblea realizada en el auditorio municipal, los integrantes del movimiento ratificaron su advertencia de no permitir que el Congreso local les imponga sus autoridades municipales, durante los seis días que les restan del periodo de ejercicio constitucional.
La designación recayó en 10 integrantes del Concejo Municipal Popular, como le denominan al órgano de gobierno que habrán de presentar ante los integrantes del poder legislativo, para efecto de que los diputados les tomen protesta.
La votación se realizó a mano alzada, como una manera de aplicar la democracia directa, lo que indican, dará un margen mayor de gobernabilidad al municipio, que ha pasado casi un año de agitación social, tras los acontecimientos ocurridos durante la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala de la Independencia.
Pedro Santos Bartolo, originario de la comunidad de El Troncón, fue designado concejal principal por los participantes en la asamblea de este domingo, quien hizo un llamado a las demás organizaciones con presencia en Tixtla para sumarse al planteamiento de instalar el verdadero poder popular en el municipio.
Se hizo un pronunciamiento porque no haya ni un desaparecido más en Tixtla, que se conserve La Paz y la tranquilidad.
Ratificaron su determinación de no permitir que en el congreso local se imponga la designación de quienes integren al Concejo Municipal, mismo que deberá entrar en funciones el próximo 30 de septiembre y que permanecerá vigente hasta que tome protesta el cabildo electo en una elección extraordinaria que será convocada por el Instituto Electoral de Participación Ciudadana (IEPC).
Lo anterior, en vista de que los tribunales electorales, tanto del estado como de la federación decidieran ratificar la nulidad de la elección municipal del pasado 7 de junio.
De acuerdo a Marisela Reyes Reyes, presidenta del IEPC, una vez que el proceso electoral se clausure, cuando el gobernador electo tome la protesta de rigor y comience su periodo de ejercicio constitucional, comenzará a correr un plazo de 45 días naturales para lanzar la convocatoria relacionada con la elección extraordinaria.
La toma de protesta del nuevo gobernador está programada para el 27 de octubre, de acuerdo a la Constitución Política local.
En la asamblea participaron al menos 600 representantes de colonias, barrios y comunidades, entre las comunidades que tomaron parte de la decisión estuvieron Los Terreros, Troncón, Acatempa, Plan de Guerrero, La Estacada, los barrios de Santa Cecilia, Cantarranas, La Villa, El Campo Santo, así como las colonias Niños Héroes y el Zapote, entre otras.
Decisión equilibrada
El coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Héctor Apreza Patrón sostuvo que el problema que se plantea para Tixtla en realidad es complejo, por el nivel de polarización se vivió la jornada del 7 de junio, ante la movilización de los grupos que si quieren la elección bajo el sistema de los partidos políticos.
Dijo, que en la integración del Concejo Municipal debe dialogar con todos los actores, para efecto de incluir a todos los puntos de vista y no generar la impresión de que hay una exclusión.
Precisó que la integración del Concejo, de acuerdo a lo que establece la Constitución, debe necesariamente pasar por el Congreso local.
Ante lo complicado de los tiempos, agregó que el asunto puede quedar en manos de la próxima legislatura, por el nivel de complejidad que representa.
El presidente de la comisión de gobierno, Bernardo Ortega Jiménez sostiene que quienes conformen el concejo deben tener perfiles saludables para la sociedad.
De manera inevitable, indicó que se debe tratar de gente sin inclinaciones políticas, “con gente respetable, honorable de Tixtla, que pueda coadyuvar en el proceso electoral que se realizaría en un momento dado”.
El también líder de la bancada del PRD, reconoce que hay la posibilidad de que el asunto no se desahogue en la presente legislatura.
