Ante el ultimátum del gobernador Jaime Rodríguez a las pedreras "fantasma" que operan en la entidad, la Asociación de Extractores de Caliza de Nuevo León, A.C., contestó que las empresas no tienen documentación legal porque nunca ha existido claridad por parte de las autoridades en los requisitos para operar.
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Miguel Ángel Ibarra, presidente de la asociación, agregó que, incluso, administraciones anteriores no han querido recibir los Manifiestos de Impacto Ambiental de las empresas y desconocen el por qué.
"No hay ninguna claridad en el asunto de los requisitos que se necesitan para operar una pedrera. En diferentes administraciones llegan y han dicho que se necesita tener cierta documentación, pero pues nunca nadie dice la documentación exacta que se necesita tener", dijo.
El empresario recordó que en octubre del año pasado se firmó un compromiso con la Secretaría de Desarrollo Sustentable para mitigar las emisiones de contaminación.
Informó que el equipo de mitigación de polvo por humedad, construcción de pavimentos, encapsulamiento de molinos y encapsulamiento de transportadores, ronda entre los 30 y 50 millones de pesos en una empresa promedio.
Adicionalmente, dijo que factores externos como el dólar, la gasolina y la energía eléctrica, aunado a la amenaza de suspensión para quienes no cumplan con los requisitos ambientales en abril, ha generado incertidumbre financiera.
"Es una época difícil porque todos nuestros costos están subiendo (...) A todo esto hay que sumarle que la certidumbre para nosotros de todas estas inversiones que estamos haciendo actualmente, pues todavía cierran plantas y todo, en abril va a ser una época critica considerando que se han hecho inversiones de mucho dinero", indicó.
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Este incremento en gastos de operación, advirtió, se verá reflejado en el precio del material para el consumidor final en aproximadamente el 20 por ciento.
Ibarra condenó que se esté exigiendo a las pedreras acciones contra la contaminación cuando la instalación de las mismas se realizó hace 30 años, en un tiempo en donde la legislación ha cambiado y la mancha urbana se ha expandido sin control de las autoridades.
Acusó que pese al decreto de reubicación de pedreras emitido por el entonces gobernador Alfonso Martínez Domínguez, en 1982, y a que posteriormente se estableció un área de amortiguamiento en zonas aledañas a las empresas, los fraccionamientos siguen creciendo bajo permisos de uso de suelo que deberían ser ilegales.
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