Alrededor de doscientos trabajadores del Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (FRENTE) que dirige Carlos Pavón Campos realizaron varias protestas en distintos puntos de la ciudad de Fresnillo en Zacatecas y bloquearon de nueva cuenta la Carretera Federal 45 a la altura de la comunidad de Nuevo Día en esta demarcación.
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La acción de inconformidad mantiene la exigencia de abolir el cobro del Impuesto Ecológico que pretende recaudar más de mil 230 millones de pesos a las empresas mineras que operan en Zacatecas.
En medio de gritos y consignas los sindicalistas mineros irrumpieron en un evento público de entrega de vehículos, equipo informativo y médico del IMSS e inauguración de la Feria de la Salud Hospital General Dr. Efrén Correa Magallanes, lugar en donde asistiría el gobernador Alejandro Tello, sin embargo, tras la protesta el ejecutivo del estado suspendió su intervención.
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Otro grupo de 150 trabajadores mineros bloquearon por espacio de una hora la carretera Federal 45, frente a la población "Medio Día" en un intento de detener el convoy en donde viajaba el gobernador Alejandro Tello y encararlo, además de nueva cuenta provocaron molestias a los guiadores y al transporte de carga y pasajeros.
Pese al anuncio del líder nacional de los mineros Carlos Pavón Campos de sumarse a una mesa negociadora con el Gobierno de Zacatecas las acciones de protesta continuaron.
Tras la instrucción de Alejandro Tello Cristerna, de publicar un decreto que tiene como objeto garantizar la no afectación del reparto de utilidades de los trabajadores de las empresas sujetas al pago del supuesto Impuesto Ecológico, el Sindicato Nacional Minero Metalúrgico (SNMM) FRENTE, calificó esta medida de ilegal.
El nuevo gravamen se suma al impuesto del 7.5 por ciento a las utilidades que se cobra desde el 2014 y que alimenta al llamado Fondo Minero.
Por su parte Carlos Pavón Campos reitero que continuarán las movilizaciones por el cobro del impuesto Ecológico y precisó, que responde al quebranto financiero cometido en la administración anterior, así como actos de corrupción y desvíos de recursos, como ha quedado probado en los informes de la Auditoria Superior de la Federación.
Pavón refiere que lo que el gobierno propone, "es ser cómplices de la aplicación de un impuesto ilegal e inconstitucional que atenta contra la economía del estado, de los derechos de nuestros agremiados y el empleo, además que es totalmente irreal que pida aplicar los ingresos de las empresas de manera discrecional, y pedirle al causante que una parte de lo que pague sea para compensar la afectación que se hiciera a los trabajadores de sus utilidades".
El líder obrero manifestó que seguirán en pie de lucha hasta poder echar para atrás este impuesto que no tiene vocación ecológica, sino recaudatoria y cuyo impacto ya se empezó a sentir al pactarse el cierre de la Mina Madero, que dejara sin empleo a mil 200 trabajadores.
MMR
