Aunque Puebla es la entidad con más casos de linchamientos consumados en México, con al menos 113 reportes desde 2015 a la fecha, en el Código Penal del Estado no está tipificado este delito y las sanciones consideradas se dejan a la interpretación de las autoridades y sus dictámenes policiales.
Una revisión a la normativa vigente permitió identificar el apartado 'Lesiones y Homicidios Tumultuarios', que considera sanciones contra aquellos que cometen asesinatos o heridas físicas en grupos de varias personas; no obstante, no considera en específico los linchamientos.
El artículo 318 de la norma actual indica que las lesiones o el homicidio son tumultuarios cuando en su comisión intervienen tres o más personas, sin concierto previo para cometerlos y obrando debido a un impulso de momento, espontáneo y provocado por las circunstancias inmediatamente anteriores a éste.
Además, el artículo 320 estipula un conjunto de sanciones que se aplicarán contra los participantes del ajusticiamiento, pero podrá calificar como "homicidio simple" cuando "la víctima recibiere una o varias lesiones mortales y constare quién o quiénes las infieren".
No obstante, se impondrán de cuatro a nueve años de prisión a todos los implicados cuando la víctima recibió una o varias lesiones mortales pero no sé identificó al responsable.
Sin embargo, la ley vigente en Puebla se vuelve más confusa en los párrafos siguientes:
"Cuando las lesiones sean unas mortales y otras no y se ignorare quiénes infirieron las primeras, se impondrá prisión de cuatro a ocho años a todos los que hubieren atacado al occiso, excepto a quienes justifiquen haber inferido solo las segundas, a quienes se aplicarán las sanciones que corresponden por dichas lesiones".
Ajustes, en 'la congeladora'
A finales de 2024 el diputado local y presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso de Puebla, Andrés Villegas Mendoza, propuso tipificar el delito de linchamiento e incluirlo en el Código Penal del Estado.
Sin embargo, casi medio año después, la normativa continúa en 'la congeladora' legislativa y su discusión permanece sin pasar al pleno, donde sería analizada y posiblemente aprobada por todas las bancadas.
Los ajustes en la ley estipulan de 10 a 15 años de prisión a todos los que participen en algún linchamiento, con agravante de una tercera parte de la pena máxima si la víctima es un menor de edad, adulto mayor de 65 años, persona con discapacidad o mujer embarazada.
CHM
