Ante la polémica causada tras la resolución emitida por el cobijagate, la Contraloría del Estado se deslindó y aseguró que la inhabilitación de los funcionarios implicados en el caso era decisión y responsabilidad del titular de la Secretaría de Finanzas Estatal.
Así lo argumentó la contralora Nora Elia Cantú, en un escrito enviado a los diputados, en respuesta a una serie de cuestionamientos al respecto, documento del cual tiene copia Notivox Monterrey.
La funcionaria aclaró que la Contraloría no tiene facultades para fincar responsabilidades o sancionar a servidores públicos inferiores jerárquicos.
Sobre por qué no se inhabilitó al ex subsecretario de Administración, Rogelio Benavides Pintos, y al director de Adquisiciones, Gonzalo Padilla, la contralora respondió:
“En el presente asunto correspondió al titular de la Secretaría de Finanzas Estatal, en su calidad de superior jerárquico, dar inicio o desahogo a los procedimientos de responsabilidad administrativa y además sancionar a las personas mencionadas, al no ser competencia de la Contraloría, se desconocen los argumentos jurídicos invocados al momento de dar sus resoluciones”, dice el documento.
“Esta contraloría es competente para instaurar procedimientos de responsabilidades administrativas cometidas por servidores públicos, quienes tienen cargo de titulares y cuyo superior jerárquico es el gobernador; el planteamiento que actualmente nos fórmula (cobijagate) correspondió a la Secretaría de Finanzas valorar y analizar los elementos jurídicos constitutivos de irregularidades en su actuar y en base a ello adoptaron la decisión de imponer las sanciones decretadas”, agrega la contralora.
Por otra parte, la contralora general del Estado, Nora Elia Cantú, confirmó que asistirá al Congreso a explicar la resolución de la compra polémica de cobertores.
Marco Antonio González Valdez, coordinador de la fracción priista, destacó que entre las preguntas que se le harán a la funcionaria están el saber si hizo lo correcto en la resolución del cobijagate.