Ante la cantidad de pasivos en materia de Justicia Social, nuestro país no puede festejar sino reflexionar sobre la ausencia de la misma, que no solo tiene que ver con el hecho de que indicadores de pobreza continúen al alza y la concentración de la riqueza también, sino la ausencia de administración e impartición de justicia en todos los niveles, el nulo respeto a los derechos humanos y la precarización laboral cada vez más sin prestaciones de ninguna especie, a lo que hay que sumar el deterioro ambiental que impide una mejor calidad de vida, entre otros.
Lo anterior fue expresado por Víctor Zendejas Orozco y Lucy Vázquez Córdova, líderes de la agrupación ambientalista "Franature Mahatma Gandhi", quienes expresaron que, sin exageraciones, "de lo que se puede hablar más bien es de injusticia social, que es un fenómeno estructural, económico, político y social, que ha derivado en la absoluta desintegración de eso que antes se conocía como familia.
"Justicia social tiene que ver con justicia distributiva, con igualdad de oportunidades, pero si por algo se caracteriza es justamente por lo contrario”, expresaron los dirigentes ecologistas, quienes remarcaron que su fundamento es la equidad.
“A los jesuitas les debemos ese concepto para tratar de expresar un afán de las sociedades, para que todos sus miembros puedan desarrollarse plenamente a partir de un piso parejo, donde se incluye también la justicia legal para evitar abusos y toda clase de atropellos, y tiene que ver con todo lo inherente a los derechos humanos, desde alimentación hasta un medio ambiente y sus relaciones laborales que le permitan vivir bien y en paz”, sostuvieron los dirigentes.
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Sin embargo, mencionaron que en cualquier departamento, empezando por la economía, se ve que se ha dado marcha hacia atrás, “y no se diga en el ámbito político, de procuración e impartición de justicia, donde unos cuantos acaparan todos los roles y son beneficiarios de un manto de impunidad, cuyos actos en contra de la ley se han vuelto una cosa normal.
“Está claro que no todos somos iguales ante la ley, aunque ésta lo establezca, y que no todos tienen accesos a oportunidades para desarrollarse ni se tiene un modelo económico que permita una mejor distribución de los recursos”, destacaron. Expusieron que no hay que confundir programas de asistencia social oficiales con justicia social, pues finalmente los primeros son producto de la colaboración ciudadana vía impuestos, y la segunda supone esquemas de mayor alcance.
“El peor indicador de la injusticia social son los casi 56 millones de pobres, medida también con la concertación de la riqueza, la corrupción y la impunidad, el deterioro del núcleo familiar, condiciones laborales de esclavitud sin garantías mínimas, el medio ambiente convertido en una amenaza”, concluyeron.
KVS
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