Agredida físicamente, amedrentada junto a toda su familia y amenazada de muerte por su ex pareja, N. llegó el pasado martes a las 5 de la tarde al Centro de Justicia para las Mujeres, a pedir ayuda. En el organismo, creado bajo un modelo internacional para atender la violencia de género, había otras sesenta usuarias esperando cubrir un protocolo que se ha vuelto burocrático e inoperante y sólo dos agentes del Ministerio Público levantando declaración. Exhausta, la mujer culminó los trámites a las cuatro de la mañana. Ya para entonces se habían marchado la mitad de las presentes, desalentadas por alguien salió a dar aviso de que debían esperar cuatro horas más. "Se levantaron y se fueron. ¿Y a dónde se van? Al mismo lugar donde son violentadas", pregunta y responde Verónica Marín, académica de la Universidad de Guadalajara, y miembro del Instituto Yocoyani, A.C., asociación que da servicios a mujeres que sufren violencia.
Esta es la realidad que a diario viven decenas de víctimas, en una ciudad que presume de tener un Centro que congrega a todas las instituciones al servicio de población femenina en un solo sitio, con la falaz promesa de ser más 'resolutivo', y donde hoy se cumplen dos años de la declaratoria de la Alerta de Violencia contra Mujeres (AVM), la cual fue decretada el 8 de febrero de 2016 por el gobernador del estado en ocho municipios de Jalisco: seis de esta zona metropolitana, Puerto Vallarta y Ameca.
A dos años "lo que nosotras hemos visto es que ni se cumple lo que está en el papel, ni se garantiza la seguridad de las mujeres... Hemos observado cómo, por un lado se ha exacerbado de manera verdaderamente escandalosa la violencia contra las mujeres; pero por otro lado también y justo por la burocracia que envuelve todo el sistema que se ha puesto en marcha para darles atención, estamos en muy malas condiciones", refirió la activista.
N. tiene una orden de protección que no ha servido de mucho. Su agresor la sigue rondando, le avienta el carro, le amenaza con matar a sus hijos, por eso acudió al Centro de Justicia para las Mujeres. Ahí vio a otras en peor condición (con evidencia de golpes y contusiones), quienes desistieron de denunciar al paso de las horas. ¿Cuántas más? Otras aguantaron estoicas y no lo hicieron solas. Hubo la que llegó con bebé en brazos y fue regañada por falta de cobija. No pensó que tardaría doce horas en poner la denuncia.
La organización civil coincide en que la falla no está en la Alerta de Violencia, cuyo andamiaje es un adelanto. "Lo que hay que revisar es si se está tomando en serio la problemática, si de verdad es prioridad y no solamente parte de un discurso", resaltó Marín.
Nuevos protocolos
"Yo en lo personal creo que las alertas sí funcionan, porque han hecho posible que hoy en día tengamos cosas que hace dos años ni siquiera soñamos", indicó la presidenta del Instituto Jalisciense de las Mujeres, Erika Loyo Beristáin.
Loyo opinó que a dos años de la AVM "necesitamos mejorar la parte de la coordinación con el orden municipal y partir con una misma perspectiva... y también dejar claro que las alertas no son mecanismos que de suyo impidan el tema del feminicidio, que sería lo ideal, pero que permiten establecer las bases de una política pública de progresividad en los derechos de las mujeres, y que de ninguna manera debe detenerse, ni dar pasos atrás".
De hecho, para abril próximo se publicarán el nuevo Protocolo de Feminicidio y el nuevo Protocolo Alba, anunció en entrevista con este medio; acciones que deberán "sumarse a una agenda de progresividad... y seguir hasta incidir en la vida cotidiana de las mujeres, y bajar los números".
Claves
Dos años
El 8 de febrero de 2016 se activó la Alerta de Violencia contra las Mujeres (AVM) en ocho municipios de Jalisco: Guadalajara, Zapopan, Tonalá, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga, El Salto, Ameca y Puerto Vallarta".
El 25 de noviembre del mismo año se publicó el acuerdo de decreto en una edición especial del periódico oficial El Estado de Jalisco (fechado el día anterior).
El acuerdo establece la estrategia gubernamental denominada "Junt@s por Ellas"; compuesta por quince acciones del gobierno del estado.
Herramientas que se tienen a dos años:
Unidad Especializada de Atención a Mujeres en la Fiscalía, Unidad de Análisis y Contexto para feminicidios y desapariciones, aumento de pena para feminicidas y otras reformas legales, espacios descentralizados de atención a víctimas, unidad móvil, módulos itinerantes en el transporte público, Protocolo Alba, entre otros.
SRN
