Las mujeres y niñas mexicanas siguen siendo criminalizadas por abortar, de acuerdo con un informe del Grupo de Información de Reproducción Asistida (GIRE).
GIRE informó que de agosto de 2012 a diciembre de 2013 se emitieron en las procuradurías de los estados 683 denuncias por aborto, 13 personas fueron encarceladas por ese delito y nueve se encuentran en prisión preventiva.
"Las regulaciones en materia de aborto en México, en general, son restrictivas, y varían de entidad a entidad. Esto provoca una situación de discriminación jurídica, ya que las mujeres tienen más o menos derecho a interrumpir un embarazo dependiendo de su lugar de residencia. Pero incluso cuando existen causales legales de aborto, las mujeres continúan enfrentando regulaciones restrictivas, obstáculos y criminalización al interrumpir un embarazo", se revela en el informe "Niñas y Mujeres sin Justicia. Derechos Reproductivos en México.
"Las denuncias por aborto contra las mujeres habla de dos cosas: hay una legislación restrictiva en el país que pone en riesgo a las mujeres que no buscan seguir con un embarazo y las trata como delincuentes; y que tenemos un sistema de procuración de justicia que esta invirtiendo recursos en perseguir a mujeres pobres y sin recursos", dijo la directora de GIRE, Regina Tamés, en conferencia de prensa.
De acuerdo con el informe, en México tampoco se garantiza el derecho de las niñas y mujeres embarazadas producto de una violación sexual a acceder a la interrupción legal del embarazo como un servicio médico de emergencia y enfrentan obstáculos como el requisito de un plazo, la autorización de un ministerio o juez, o la obligación de presentar una denuncia previa.
"El informe reporta niñas violadas que son obligadas a ser madres, mujeres que pierden su trabajo por estar embarazadas, niñas a las que se les niega un método anticonceptivo y a otras que se le obliga a usarlo, mujeres que desean tener hijos y que el Estado les impone barreras", dijo Tamés.
Sólo 14 estados de 32 en México tienen en sus legislaciones la causal de interrupción legal del embarazo.
El informe evidencia que las mujeres mexicanas carecen de acceso a servicios de salud pública reproductiva y enfrentan violencia obstétrica.
"Lo que tenemos en este informe es que tenemos un sistema de salud que también está ejecutando a las mujeres embarazadas y en el que también hay mucha impunidad y corrupción", dijo en conferencia de prensa Regina Tamés, directora de GIRE.
El informe expone los obstáculos que enfrentan las mexicanas en el acceso a derechos reproductivos en seis temas: anticoncepción, aborto legal y seguro, violencia obstétrica, muerte materna, reproducción asistida, vida laboral y reproductiva.
Este es el segundo informe de este tipo realizado por GIRE, que está basado en casi 2 mil respuestas a solicitudes de información pública y en la documentación de casos de violaciones a derechos reproductivos. La organización ha litigado 39 de estos casos en 18 entidades del país.
En el informe, GIRE revela que la muerte materna es una de las consecuencias de la falta de acceso de las mujeres mexicanas a servicios de atención obstétrica. En México la razón de muerte materna en 2013 fue de 38.2 por cada 100 mil nacidos vidos.
Según el informe, las muertes maternas reflejan las múltiples discriminaciones que enfrentan las niñas y mujeres que viven en situaciones económicas precarias y las mujeres indígenas en México y que el acceso a la justicia para las familias de las niñas y mujeres que mueren por causas prevenibles en el embarazo, parto y puerperio es precario o nulo.
Otra de las problemáticas reveladas en el informe es la falta de acceso a métodos anticonceptivos en los sistemas de salud pública, la anticoncepción forzada y la violencia obstétrica.
Para GIRE la anticoncepción forzada es una práctica común en México para la que no existen mecanismos efectivos de acceso a la justicia, pues "en los hospitales públicos a las mujeres se les obliga a elegir un método anticonceptivo durante el trabajo de parto, o bien antes de entrar a quirófano para someterse a una cesárea. En muchas ocasiones también se les llega a condicionar la atención, si es que aún no deciden qué método usarán".
Las mexicanas también enfrentan obstáculos para ejercer sus derechos reproductivos como la discriminación en el acceso a los servicios de salud obstétrica, la imposición de cesáreas y la atención deficiente.
