La comisión de Procuración y Administración de Justicia aprobó el dictamen de reformas al Código Penal del Estado de México para tipificar el delito contra la economía con el fin de castigar con hasta 30 años de prisión a quienes presionan a comerciantes para obtener, vender, comprar o distribuir algún producto determinado precio o a hacerlo con determinadas personas o unidades económicas.
La iniciativa de ley fue presentada por el fiscal de Justicia, José Luis Cervantes, debido a las presiones que sufren comerciantes de pollo, huevo y otros productos, en el sur de la entidad, a manos de grupos que integran el crimen organizado, quienes controlan las ventas de diversos insumos.
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El presidente de la comisión de Procuración y Administración de Justicia, Gerardo Ulloa Pérez, informó que la propuesta original fue modificada en comisiones para no criminalizar a las víctimas y no invadir otros ámbitos distintos a la materia penal.
La propuesta que será sometida a votación en el pleno, este jueves, agrega un artículo bis al 199, donde se establece: “A quien por medio de violencia obligue a una persona o unidad económica a comprar, obtener o adquirir a otra persona o comercio, la compra de determinados bienes de consumo; a vender, distribuir bienes a empresa determinadas; a imponer o fijar en una localidad o región un precio distinto al del mercado de 6 a 10 años de prisión y de mil a mil 500 Unidades de Medida de Actualización”.
La conducta se agrava y cuando en la comisión del delito participen 2 personas o más, se les darán de tres a 5 años extras y de 500 a 800 días de multa; cuando los sujetos activos se ostenten y, o identifiquen como miembros de una organización criminal de siete a 15 años y de mil 300 a 2 mil días de multa; y cuando sean o se acrediten como servidoras públicas de 8 a 20 años más y de mil 500 a 2 mil días de multa.
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Los argumentos
El diputado Gerardo Ulloa consideró que la realidad social es un fenómeno cambiante y las leyes se deben ajustar a esa realidad, por lo cual se insertó este nuevo tipo penal contra la economía luego de analizar la iniciativa original y considerar necesarias algunas adecuaciones, en coordinación con funcionarios de la Fiscalía General y del Poder Judicial.
“Estos trabajos derivaron en una redacción en la que se atendieron la mayoría de las preocupaciones de quienes integran las comisiones, para eliminar los conceptos de competencia desleal y distorsión del mercado, los cuales daban la idea de que con la reforma se regularía una materia diversa a la penal, así también la de determinar de manera clara al sujeto activo del delito para que no existiera la posibilidad de criminalizar al comerciante” puntualizó.
Esto con el fin de castigar e inhibir estas conductas que se registran, mayormente en el sur de la entidad y ya se propagan en algunas regiones de la entidad, afectando la libertad y la integridad de quienes ejercen el comercio como actividad lícita, para ganarse la vida así como de los consumidores finales que reciente en el alza de precios en productos básicos.
MAM
