Después de que se cumplieron más de dos semanas sin la presencia de ambulantes en las calles 8, 10 y 12 Poniente, pero algunos se instalaron en la 14 y 16 Poniente, el presidente municipal Eduardo Rivera Pérez informó que no hay marcha atrás respecto al operativo de ordenamiento comercial del Centro Histórico.
El alcalde advirtió que la recuperación de espacios no tiene como objetivo que “otras organizaciones se adueñen de estos”. Por ello, convocó a los integrantes de Fuerza 2000 a denunciar ante las instancias correspondientes si son víctimas de extorsión.
“El acuerdo que tenemos en conjunto con el gobernador Miguel Barbosa es que este operativo se llevará a cabo el tiempo que sea necesario. No hay marcha atrás, hemos sido muy claros en que los espacios públicos del Centro Histórico que han sido recuperados no es para que vuelva ninguna organización a adueñarse de estos, son de todos los poblanos”, enfatizó.
Asimismo, convocó a los ambulantes de Fuerza 2000 a denunciar si han sido víctimas de extorsión por parte de personas ajenas a la zona de la 16 Poniente y 5 Norte.
Por otra parte, el secretario de Administración, Bernardo Arrubarrena García, informó que el gobierno de Claudia Rivera Vivanco “no dejó ni cinco por ciento de las cámaras de Ventanas Ciudadanas funcionando en la capital”, de las dos mil 968. Por lo anterior, el gobierno municipal buscará mejorar esta tecnología.
En entrevista, el funcionario explicó que de dos mil cámaras instaladas como una medida de prevención y un programa de participación social, 95% se encontraron con una plataforma de muy baja calidad y con bajo costo de implementación para el proveedor que repercute en grandes ganancias.
El funcionario comentó que hay 400 puntos de las Ventanas Ciudadanas, las cuales ocupan una plataforma con los vecinos, pues no está monitoreada por la Dirección de Emergencias y Respuesta Inmediata o de las centrales de seguridad pública que permitan una interacción.
Asimismo, comentó que “lastimosamente” el programa de Ventanas Ciudadanas obedece más a un plan de participación social que a una estrategia integral de seguridad.
Cabe mencionar que este programa fue implementado por el gobierno de Luis Banck Serrato y el contrato lo obtuvo la empresa Mizco Consultores por un contrato de más 53 millones de pesos, con una meta de más de mil cámaras de videovigilancia; sin embargo, en el gobierno de Claudia Rivera Vivanco se canceló el contrato brindado, entregándolo a Genetec, Total Play y Telmex.
En el tema de la licitación del servicio del alumbrado público y modernización de semaforización, señaló que una vez emitida la convocatoria se tiene el registro de seis empresas.
Se trata de las empresas Trafficlight de México, S.A. de C.V; Engintra, Ingeniería Integral, S.A. de C.V; Electroiluminación y Proyectos de Occidente, S.A. de C.V; Citelum México, S.A. de C.V; Semex, S.A. de C.V; y Wardenclyffe Energy S.A de C.V.
AFM
