Para algunas familias del río Sonora, la remediación aún no llega. Apenas en julio del año pasado la empresa familiar de chiles La reina de las flores, ubicada en el municipio de Aconchi, tenía planes de crecimiento y hasta de exportación, pero ahora, tras el derrame de tóxicos del 6 de agosto de 2014, está a un paso de la quiebra, con una disminución hasta de 90 por ciento de su producción.
Gabriel Enríquez, propietario, asegura que ellos no han sido beneficiados con los apoyos del Fideicomiso Sonora, a pesar de que, afirma, en varias ocasiones las autoridades federales han valuado sus pérdidas en 400 mil pesos.
Antes del derrame de tóxicos de 40 mil metros cúbicos de sulfato de cobre acidulado que afectó 190 kilómetros del río, en por lo menos siete municipios, Enríquez y su familia llegaban a facturar hasta 900 mil pesos, ahora en junio apenas fueron unos 9 mil pesos.
“Las deudas se han acumulado, tuvimos que vender dos camionetas y prácticamente es un negocio para subsistir, todo se nos vino abajo”, relata.
Notivox visitó esta empresa familiar el año pasado, días después del derrame. Entonces, en las galeras del local contiguo a su hogar, aún se observaban las torres de cajas que sirven para transportar los envases de productos como chile piquín y pinole. En dos mesas circulares de un diámetro de unos dos metros trabajaban unos 14 empleados limpiando chiles secos. Atrás de ellos, una pila de costales de 2 metros de altura se alzaba repleta de chiles. Y aunque comenzaba el declive por la estigmatización de la contaminación de los productos del río Sonora, aún funcionaba el molino.
Ahora, las galeras están vacías, ya no se ocupan las mesas para limpiar la materia prima y solo hay un montón de costales, pero llenos de otros costales.
Enríquez asegura que si antes compraba 20 toneladas de chiles, ahora solo es media tonelada.
El martes la Comisión Presidencial para el caso Sonora reportó que se han destinado mil 240 millones de pesos para el resarcimiento de daños a la población afectada en los siete municipios.
Sin embargo, el negocio de Enríquez no fue uno de los beneficiados, por lo que ahora solo les queda innovar para tratar de seguir subsistiendo con su esposa y dos hijos: “Ya no sé qué más hacer”.
Pobladores de los siete municipios afectados llevaron a cabo una caravana desde el municipio de Baviácora hasta el palacio de gobierno en Hermosillo para protestar que a un año del desastre no han habido un resarcimiento completo de los daños.
Tras un recorrido de más de cuatro horas, el Frente Unido contra Grupo México exigió que el gobierno local deje de intervenir en la administración de los recursos.
Acusaron que las autoridades federales no han construido las plantas potabilizadoras para tratar el agua contaminada con metales pesados.
Advirtieron que recurrirán a organismos internacionales para que se sancione a Grupo México, responsable de la mina Buena vista del Cobre, causante del derrame.
