Al sostener que ha sido sujeta de discriminación y acoso laboral, Erika Cecilia Ruvalcaba Corral, consejera del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco (IEPC) materializó sus acusaciones y presentó un juicio ciudadano ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), con la novedad de que el caso se estrenó como el primero que involucra a un órgano local (OPLE), desde que se presentó el Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres, en marzo pasado.
La denuncia fue interpuesta el 6 de julio del año en curso, luego de las agresiones verbales que la consejera asegura recibió en diversas sesiones públicas del Consejo General del IEPC, y en específico tras la confrontación en la sesión del 30 de junio pasado, donde fue excluida de participar en dos comisiones, como lo dio a conocer este diario.
“Después de la sesión del 30 de junio, donde se me excluye de algunas comisiones y de un incidente posterior, me pareció ya importante no dejar crecer esta situación, pensando ya en el proceso electoral 2017-2018… para poder hablar con libertad, con plena autonomía, y ejercer mi cargo en esas condiciones”, dijo la funcionaria en entrevista.
De acuerdo con Ruvalcaba, las situaciones de discriminación y limitación a sus funciones datan del 2014, prácticamente desde que toma posesión como consejera electoral designada por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral el 1 de octubre de ese año.
“No me han permitido ejercer mi cargo en condiciones de igualdad… Se presenta en mí contra una situación de acoso laboral. Se me ha intimidado, opacado, amedrentado… llevando a cabo de manera sistemática diversos actos con el fin de excluirme de funciones esenciales que corresponden a un integrante del Consejo General del OPLE”, afirmó en su solicitud de juicio ante el TEPJF.
Entre los hechos que denuncia destaca la negativa a la entrega de información para el desempeño de sus funciones, por ejemplo, sobre el Servicio Profesional Electoral, ya que ella presidió en 2014, la entonces comisión temporal sobre dicha materia. “Directores nunca me entregaron lo que solicité y en algunos casos hubo quien me dijo que tenían la orden de no hacerlo. Todo eso está documentado”, acotó.
Asimismo, la consejera refiere que ha recibido agresiones verbales y denostaciones durante las sesiones públicas del IEPC, específicamente cuando disiente de las propuestas del consejero presidente, Guillermo Alcaraz Cross. Y finalmente, haber sido excluida de participar en algunas comisiones. Cabe recordar que ella misma lo acusó públicamente de haberla amenazado con excluirla de la comisión permanente de seguimiento al servicio profesional electoral nacional, si votaba en contra de la integración de la comisión del voto en el extranjero (Notivox Jalisco, 30 de junio de 2016).
“Y no puede ser una por otra presidente”, dijo entonces, confrontando a Guillermo Alcaraz Cross.
El juicio por violencia política de género está transcurriendo. La ponencia del caso contra “algunos consejeros del IEPC” fue turnada al magistrado Manuel González Oropeza. Curiosamente, el pasado 23 de agosto, en sesión del Consejo General de este Instituto, se propone sorpresivamente integrar a Ruvalcaba a dos comisiones, una de ellas la de Transparencia, cuya creación fue propuesta por la misma consejera (y se le dejó un carácter de comisión temporal).
“Mi denuncia tiene que ver más con el fondo. Con este impedimento al ejercicio del cargo y el silencio que han guardado la mayoría de mis compañeras y compañeros. Y bueno, ahora de manera sorpresiva está bien pertenecer a comisiones, pero el asunto es que podamos trabajar todos en condiciones de igualdad, lo cual no ha ocurrido. Yo he presidido otras comisiones incluso, y tengo documentado el porqué tuve que tomar esta decisión de acudir a esta instancia jurisdiccional”, expresó.
La sesión del 23 de agosto se fue a receso y se reanudó el día 25, en la que el consejero presidente, negó haber intimidado y/o amenazado a Ruvalcaba. “Fue incómodo, pues fui cuestionada sobre los motivos por los que me fui a un juicio de protección a los derechos político-electorales del ciudadano ante la Sala Superior… Yo creo que como consejera, como servidor público y como mujer tengo la responsabilidad de defender mis derechos”, apuntó.
Ruvalcaba dijo que espera este caso llegue a buen fin e insistió en que su único interés es poder trabajar en condiciones de igualdad, “podernos concentrar en el proceso electoral 2017-2018 y ejercer mi cargo en un ambiente de respeto y tolerancia”. Un cargo para el que fue nombrada por seis años.
Del protocolo
El Protocolo para Atender la Violencia Política Contra las Mujeres es un documento rector que ante la ausencia de un marco legal, define líneas básicas de acción para resguardar los derechos políticos de la población femenina.
En este proyecto participa el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), el Instituto Nacional Electoral (INE), la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade), la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres (Conavim), el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia Contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
De acuerdo con la Fepade, hasta julio de este año ha recibido 103 casos de violencia política de género, frente a 38 del 2015.
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