El gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, envió al Congreso del Estado la Iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad para la entidad y otra iniciativa sobre remuneraciones de servidores públicos.
Te recomendamos
La iniciativa con Proyecto de Ley de Austeridad busca acabar con el dispendio de recursos públicos, derroche injustificado de recursos en bienes y servicios en la administración.
La ley incorpora a todos los funcionarios a los sistemas públicos de seguridad social y la consecuente prohibición de establecer regímenes privilegiados de jubilación, pensión o haberes de retiro, así como contrataciones a cargo de recursos públicos y seguros privados de gastos médicos, de vida o separación.
En sus 13 artículos y tres transitorios, se establecen límites que eviten engrosamiento de la estructura burocrática, por lo que no se crearán nuevas plazas sino que se aprovechará cada uno de los empleados cuya función tendrá que estar plenamente justificada.
La LXV Legislatura dio entrada a esta propuesta de Ley de Austeridad para el Estado que fue remitida de inmediato a la Comisión de Hacienda de Veracruz.
Se pretende regular la aplicación de medidas de austeridad en la planeación, programación, presupuestación, ejecución, y control del gasto gubernamental, como política pública en la entidad.
La iniciativa de Ley de Austeridad prevé la reducción del gasto corriente respecto de los salarios y prestaciones de los altos funcionarios públicos de los poderes, órganos autónomos y sus entes públicos.
Restringir el uso de escoltas a los casos estrictamente justificados por razón de necesidad en la función, elementos de seguridad, secretarios privados y asesores, los cuales no podrán ser encomendados o comisionados a actividades privadas o ajenas a su función.
Prevé limitar el uso de vehículos de propiedad del Estado al cumplimiento de fines de utilidad pública y servicio directo de la población. Sólo podrán destinarse a fines diversos en los casos cuya necesidad se justifique por ser medio directo para el cumplimiento de una función pública.
La propuesta plantea restringir el gasto en propaganda oficial, disminuyendo al mínimo posible la contratación de tiempos comerciales y concentrando en una sola dependencia su difusión y establecer límites al número de viajes oficiales al extranjero de cada ente público, prohibiendo la adquisición de traslados en servicio de primera clase o equivalente.
Se establecen límites para que no se excedan los montos erogados en el ejercicio presupuestal inmediato anterior en los gastos por servicios de telefonía, fotocopiado y energía eléctrica; combustibles, arrendamientos, viáticos, honorarios, alimentación, mobiliario, remodelación de oficinas, equipo de telecomunicaciones, bienes informáticos, una vez considerados los incrementos en precios y tarifas oficiales o la inflación.
No podrán constituirse fideicomisos, ni fondos, mandato o análogos públicos o privados, ni se permitirá que se hagan aportaciones de cualquier naturaleza que tengan por objeto alterar las reglas de disciplina y ejercicio honesto del gasto.
En la segunda iniciativa sobre remuneraciones de servidores públicos, se propone la disminución de salarios de todo el aparato burocrático de funcionarios de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
García Jiménez propone que ningún funcionario pueda ganar más que el presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quién tiene un salario de 107 mil pesos o del gobernador del estado, que tiene un sueldo promedio de 57 mil pesos.
“Ningún servidor público recibirá una remuneración o retribución por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión mayor a la establecida para el Presidente de la República en el Presupuesto de Egresos de la Federación ni para el Gobernador del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, en su Presupuesto de Egresos”, dice la iniciativa.
RLO
