Javier Laynez Potisek, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, admitió a trámite la controversia que presentó el Senado de la República contra la Constitución de la Ciudad de México.
En su acuerdo, el ministro emplazó a la Asamblea Legislativa capitalina como autoridad demandada; también reconoce el carácter de autoridad demandada en este asunto al jefe de Gobierno, Miguel Ángel Mancera, por haber promulgado la norma general impugnada.
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Asimismo, se reconoce el carácter de tercero interesado en este procedimiento a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión.
El viernes pasado, el presidente del Senado, Pablo Escudero Morales, interpuso la controversia constitucional en contra de la Constitución de la Ciudad de México con el argumento de que invade facultades del Congreso de la Unión.
Escudero Morales acudió con la representación jurídica del Senado, sin embargo, conversó el tema con senadores del PRI y del PAN, como Enrique Burgos, quienes respaldaron esta decisión al manifestar que durante la discusión del contenido de la Constitución capitalina plantearon en la Asamblea Constituyente que tenía fallas.
"Encontramos en materia de trabajo, de salud, de educación e inclusive control de constitucionalidad, algunos artículos que consideramos que invaden facultades del Congreso y el fin de esto es perfeccionar la Constitución de la Ciudad de México y nadie debiera molestarse por ello", dijo.
El senador destacó que en cualquier vida democrática se acude a las diferentes instituciones para que den claridad al tema, por lo que será el máximo tribunal el que resuelva al respecto.
"Evidentemente me decían que al requerirse una mayoría calificada y que todos querían impulsar sus temas hubo temas en los que no estaban convencidos pero sí quería sacar sus temas".
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Con esto suman tres controversias constitucionales presentadas contra la Constitución Local; las otras corresponden a la Presidencia de la República y al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.
De igual manera, hay cuatro acciones de inconstitucionalidad presentadas por Morena, Nueva Alianza, la Procuraduría General de la República y la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
De acuerdo con los alegatos presentados en la Corte por la Presidencia y el Tribunal Superior de Justicia, la Constitución de la Ciudad de México aprobada por la Asamblea Constituyente pasa por encima de las atribuciones que tiene la Suprema Corte de Justicia de la Nación porque establece que el TSJ contará con una Sala Constitucional que será la máxima autoridad en materia de interpretación de la Carta Magna Local.
La anterior es una de las razones por las que el presidente Enrique Peña Nieto impugnó la constitución local, ya que transgrede la competencia del máximo tribunal de justicia del país para resolver las controversias constitucionales que se susciten entre la Ciudad de México y una de sus demarcaciones.
La Presidencia señaló que la constitución local también invade atribuciones que sólo competen al Congreso de la Unión y que tratan temas de justicia cívica, salubridad general (en lo concerniente al uso médico y terapéutico del cannabis sativa); así como asuntos en materia laboral, de emigración e inmigración, seguridad pública y sobre la ejecución de sanciones penales, entre otros.
RSE
