Comuneros de Acazulco temen se desate la violencia en su contra y no respeten el amparo que ganaron para evitar la construcción del tren sub urbano en el tramo que va del paraje El pantano al Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ), por lo cual pidieron la intervención de organismos de derechos humanos.
Benito Peña y Clemente Linares indicaron que los trabajadores que van a comer a sus locales han platicado que está por ingresar la fuerza pública para empezar las obras, sin importarles que la justicia federal los proteja, ni el daño que puedan hacer a la gente de la zona.
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"Ellos dicen que las obras pueden seguir, incluso violando la suspensión y para eso solo requieren dos cosas: entrar con la fuerza pública y 'tronar' al presidente del Comisariado de los bienes Comunales, Marcelino Narváez y al asesor Santiago Pérez", apuntaron.
El amparo que les concedieron es el 109 del 2018, concedida el pasado 19 de enero por el juzgado primero de distrito en materia de amparo y juicios federales de la entidad.
Esto a favor de mil 310 comuneros.
La obra, insistieron, impacta sobre manera en esta área, del kilómetro 34 al 36, porque una parte del tren correrá de manera subterránea y otra en la superficie, no será elevado en esta parte como en el resto del trayecto.
Esto afectará los mantos freáticos, deteriorará la flora y fauna que existe, entre otros problemas.
"Solicitamos la intervención de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, así como de las organizaciones protectoras", indicaron.
LC
