A 10 días de que se cumpla un año de su detención, el ex director de Administración Penitenciaria, Fernando Domínguez Jaramillo, exigió su libertad y la de sus coacusados en cumplimiento a lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales vigente a la fecha de su captura, el cual establecía ese tiempo de prisión para un procesado que no fuera sujeto a juicio final, en ese lapso y también pidió que se cite a comparecer al secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Antúnez.
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El ex funcionario estatal que está vinculado por abuso de autoridad y el homicidio calificado de 49 internos del penal del Topo Chico, hizo esas peticiones al concluir la audiencia intermedia en la que la juez de control, María del Rocío Alanís, aceptó el desahogo de 250 pruebas en el juicio final que podrían enfrentar una vez que les resuelvan la revisión del amparo que promovieron contra esos delitos.
Aunque la audiencia intermedia es la última que se desahoga en un procedimiento judicial, la juzgadora programó otra para el próximo 16 de febrero para emitir resolución a la solicitud que hizo Domínguez Jaramillo en su nombre y en el de la ex directora del penal, Gregoria Salazar Robles, y el ex sub director, Arturo Bernal Bernal.
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Durante la audiencia intermedia que se celebró ayer, el agente del Ministerio Público que integra la carpeta judicial del caso llegó a un acuerdo probatorio con los defensores de los imputados sobre el desistimiento de unas 100 pruebas que se habían contemplado en el escrito de acusación que presentó en diciembre del año pasado.
ACUERDO APROBATORIO
También llegó al acuerdo probatorio para el desahogo de otro número similar de probanzas, entre las que se encuentran pruebas periciales toxicológicas que revelaron la presencia de metabolitos de cocaína y mariguana en los cuerpos de 20 de las víctimas, así como pruebas de comparativos de ADN para confirmar la identidad de los occisos y documentales para establecer el parentesco con los afectados que reclaman el pago de la reparación de daño.
En esta diligencia quedó claro que todas esas probanzas ya quedaron aceptadas y no van a ser materia de debate en caso de que el procedimiento judicial pase a juicio, para el cual tampoco se señaló fecha de apertura, por las resoluciones pendientes de los juicios de amparos que promovieron, en febrero del año pasado, contra el auto de vinculación que los mantiene presos.
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